Es una tradición que al cierre del ciclo legislativo de tres años se repita la historia de revisar apresuradamente la carga...
Por: Alberto Guerra Salazar14/10/2010 | Actualizada a las 22:33h
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CIUDAD
VICTORIA, (ASI).— Es una tradición que al cierre del ciclo legislativo de tres
años se repita la historia de revisar apresuradamente la carga pendiente de
cuentas públicas, para aprobar aquellas susceptibles de suspicacias. Hoy no es
la excepción. Con
dos agravantes: pueden meter al micro-ondas las cuentas del ex edil panista de
Reynosa Francisco García Cabeza de Vaca, y la comisión de vigilancia de la
auditoria superior del Estado está en manos de una diputada ajena al tema,
ignorante de cuentas. Más
bien, Imelda Mangín de Nuche es especialista en cuentos pues inventó empresas
proveedora del Ayuntamiento de Nuevo Laredo cuando fungió como regidora, en el
trienio de José Suárez López. Pero
da igual. Otros diputados que son expertos en la materia, como Horacio Garza,
también de Nuevo Laredo, han sido titulares de esa comisión legislativa y no
pudieron impedir que se despacharan en tandas masivas las aprobaciones de
cuentas públicas, aun aquellas que merecían ser sometidas a la lupa. Mientras
no haya voluntad política del titular del poder ejecutivo estatal, el
legislativo está maniatado frente a posibles casos de corrupción gubernamental
reflejada en la presentación de cuentas públicas. Por
eso la bancada del PAN presentó la iniciativa de reforma a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado para darle autonomía técnica, presupuestal y
de gestión, a efecto de que cumpla su función sin dictados de orientación
política. Por
supuesto, el documento fue rechazado en automático porque no proviene de la
oficina del ejecutivo y la auditoría superior seguirá funcionando en lo
oscurito, con resultados al gusto del señor, opacos, turbios. Claro,
el PAN de Tamaulipas sabía de antemano el destino de su iniciativa de reforma y
la propuso nomás para meter ruido. Cuando el PAN fue gobierno en Nuevo León no
le cambió ni una coma a la misma ley del ramo. La
comisión legislativa de vigilancia de la contaduría mayor de Tamaulipas era
presidida por Enrique Blackmore Smer y ante su desaparición física entró al
relevo Imelda Mangín de Nuche, que junto con su colega y paisano Abdala de la
Fuente han sido de los más oscuros de esta Legislatura. En
la misma sesión del miércoles, Leonor Sarre y sus muchachitos hicieron una
conmemoración anticipada de los 57 años de haberse autorizado el voto para la
mujer (se cumplen el domingo 17) al pedir que se lleven a la realidad, ya, los
derechos y prerrogativas negadas al género femenino. A
propósito del PAN, recibimos una atenta y cordial comunicación electrónica del
amigo José María García Báez, representante de ese partido en el consejo
municipal electoral de Río Bravo, donde replica algunos contenidos de nuestra
columna anterior. Da
gusto atender estos mensajes porque no contienen insultos ni descalificaciones
(“prensa vendida”) pero además porque su argumentación es válida aunque no
necesariamente sostenible. Para
no enredarnos en parrafadas vamos a replantear lo medular de nuestro anterior
comentario sobre la elección municipal de Río Bravo, para luego redondear con
lo expuesto por Chemita García Báez en su correo. Dijimos
que el candidato del PAN Juan Diego Guajardo Anzaldúa ganó la alcaldía de Río
Bravo, no como consecuencia de una mayoría de votos acreditada, sino porque el
tribunal electoral federal ordenó que así lo decretara el tribunal electoral de
Tamaulipas (hay confesión expresa de los magistrados locales). Replica
Chemita García con la afirmación de que Juan Diego ganó la elección por un
mandato de los votos recogidos en las urnas. Donde ambos estamos de acuerdo es
en que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Veamos
ahora los números, duros y oficiales, que no dejan lugar a dudas en cuanto a
que no hay certidumbre en los resultados definitivos. El
acta pública de escrutinio posterior al 4 de julio arroja 17,369 votos para
Juan Diego, del PAN, y apenas 14,020 para Roberto García Martínez, del PRI. Pero
un cómputo general celebrado en el comité municipal electoral que incluyó la
apertura de paquetes electorales que NO TRAIAN acta de cómputo, cambió el
sentido de la votación: 15,990 para Roberto García Martínez y 15,829 para Juan
Diego. Y
resulta que una segunda sentencia del tribunal electoral tamaulipeco revoca el
acta de mayoría de votos de Roberto para dársela a Juan Diego pero con estos
números: 18,927 votos para el PAN y 15,280 para el PRI. ¿Cuáles
son finalmente los votos reales, auténticos, válidos, genuinos, que se tomaron
en cuenta para decidir el desenlace del proceso electoral?. Esperamos
respuestas. Otra
pregunta sin ánimo de molestar a nuestro amigo Chemita: si él sabía que TODOS
los paquetes electorales tenían actas de cómputo e inclusive si él contaba con
copias, ¿por qué firmó, así haya sido bajo protesta, el cómputo del comité
municipal electoral donde se abrieron los paquetes que supuestamente no tenían
las actas respectivas?. Dos
apuntes adicionales sobre el mismo tema. 1.- El alcalde electo Juan Diego
Guajardo permanece ausente de Río Bravo aunque fue visto en Ciudad Victoria, en
casa de gobierno y en una audiencia con el Gobernador electo Egidio Torre
Cantú, y 2.-
Gerardo Acosta Zavala, ex diputado federal del PT, fundador en Tamaulipas del
Partido Socialdemócrata, ex colaborador de Juan Antonio Guajardo, anda enamorando
al consanguíneo para que le renchufe en el presupuesto municipal. Mientras
tanto, el director de la unidad académica de derecho y ciencias sociales de la
UAT, campus Victoria, Carlos Hinojosa Cantú, convocó a conferencia de prensa
para negar que el “porrismo” esté de vuelta. No
dijo que el Rector José María Leal Gutiérrez lo haya regañado por las menciones
en la prensa de un episodio de violencia ocurrido durante un juego de fútbol
entre equipos de escuelas diferentes, pero lo llamó para conocer su versión del
pleito universitario. Hinojosa
Cantú se quejó de que algunas personas utilizan algunos medios para echar lodo
sobre su imagen con el propósito de aplastar su proyecto de hacerse reelegir en
la institución educativa. Su
denuncia tendrá más impacto y credibilidad cuando don Carlos despeje el
misterio y aporte nombres porque no basta con que insinúe que la campañita
beneficia a sus competidores, algunos de tufo gubernamental. Nombres,
Carlos, nombres. Por
el rumbo de Tampico, el Ayuntamiento concertó entre la cámara nacional de la
industria restaurantera de alimentos condimentados CANIRAC y la empresa
metropolitana Reoil un convenio mediante el cual se recolectará el aceite de
cocina para evitar que termine en el drenaje. Para
el efecto se firmó un convenio en el palacio municipal entre representantes de
Reoil y CANIRAC mediante el cual se obligan a recolectar entre los más de 600
comercios de comida los residuos de aceites usados, para ser concentrados en
una planta local. El
producto recliclado se enviará al Distrito Federal y luego exportado a Europa
para ser transformado en biodiesel, conforme a la política de protección
mundial al medio ambiente. Actualmente,
el aceite de cocina de desecho llega a la red de drenaje sanitario y cuando
empiece a operar la planta de tratamiento de aguas residuales incrementaría en
un 30 por ciento el costo de operación. La
mezcla de aceite y detergentes provoca taponamientos en el drenaje y esta
solución es una de las aplicadas por el gobierno municipal de Oscar Pérez Inguanzo. Despedimos
esta colaboración con un saludo afectuoso para nuestro patrón de Matamoros,
paisano y pariente Carlos Arturo Guerra Velasco, porque hoy cumple años.Correo electrónico albertoguerra65@hotmail.com
Alberto Guerra Salazar, autor de la columna Crónicas Políticas, colabora en diversos medios de comunicación en el Estado.
Además es propietario de la Agencia de Noticias ASI
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