Sin la menor duda, el aniquilamiento del poder presidencial se puede consumar en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aniquilamiento que inicio, de hecho, con la elección de Carlos Salinas de Gortari; cuando el PRI empieza a perder terreno en las cámaras legislativas. Se refuerza, ese aniquilamiento, con el triunfo de Vicente Fox; que da lugar a la alternancia política y, somos testigos, ya el Poder Judicial también pinta su raya.
El presidencialismo como tal fue desnudado por Pablo González Casanova con su libro “La democracia en México” y por Daniel Cossío Villegas con sus 4 libros sobre el sistema político mexicano, destacando el de “El estilo personal de gobernar”. Todo fue en la época de los setenta, diría Cossío que México era una Monarquía sexenal, hereditaria en línea transversal. Y es cuando, dicen unos, Mario Vargas Llosa califico a México como una “dictadura perfecta”.
El presidencialismo descrito y explicado por González y por Cossío haga de cuenta que era omnipotente, muy poderoso. Por eso Jorge Carpizo describió en su libro “Presidencialismo Mexicano” como el Presidente además de tener funciones constitucionales, formales pues, tenía otras meta constitucionales; como ser el jefe de su partido político y, en la práctica, también del Congreso como del Poder Judicial: la división de poderes era pues una ficción.
El Presidente, dígase Enrique Peña Nieto, ya no es tan poderoso: todavía palomea (es el fiel de la balanza) pero su partido, el PRI, ya no es tan poderoso: ya no es mayoría en el Congreso de la Unión. En pocas palabras, ahora para sacar adelante las propuestas del Ejecutivo los líderes parlamentarios del PRI tienen que negociar, cuando antes imponían con su aplanadora de diputados domesticados. El mejor ejemplo lo tenemos con el Pacto por México: el PRI pacto con todas las fuerzas, hubo propuestas y contrapropuestas, hasta que se pusieron de acuerdo.
Así, donde aun se puede observar el poder presidencial, es en el Poder Judicial: porque el esquema establece que los magistrados tienen que ser propuestos por el Presidente y, obvio, solo propone a los que le interesa o sirven. Como fue el caso, mas reciente, de Eduardo Medina Mora; que con críticas, peticiones, reclamos, EPN hizo oídos sordos y lo propuso… claro, ya más de una vez hizo el ridículo, por su ignorancia e incapacidad como administrador de la justicia.
Con ese antecedente y ante la proximidad de dos vacantes, previendo las propuestas presidenciales, como la de Raúl Cervantes, ya se manifestaron posturas: La Asociación Mexicana de Juzgadoras, plantea el tema de la equidad de género y demanda que las dos propuestas presidenciales sean dos mujeres; en tanto que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se pronuncian porque las propuestas estén avaladas por una trayectoria judicial y no política o partidista.
Los últimos en hacer un planteamiento fueron los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CIDE, del ITAM como de la Ibero. Plantean que en las propuestas del Presidente no se favorezca los intereses partidistas o los de la propia Presidencia de la Republica. Son, dos posturas que nacen del mismo Poder Judicial y uno externo, pero van con el mismo sentido: no partidizar ni politizar los nombramientos de los Magistrados del Poder Judicial.
Como vemos los hechos para que funcione con más claridad la división de poderes; para que se entronice aun más la práctica democrática, es necesario que el tercer pilar del Estado, el Poder Judicial, también se democratice o este más lejos, mas separado del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, que sigan siendo electos por el Senado, pero ya no a propuesta del Ejecutivo. Bien puede ser una convocatoria pública, una comisión ad hoc que revise y filtre, para que al final queden, obvio, los mejores con carrera judicial y no los que son mas amigos del Poder Ejecutivo.
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