Este fin de semana se cumplirá el primer año de los lamentables acontecimientos que concluyeron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, que habían llegado a la ciudad de Iguala con el objetivo de secuestrar autobuses para asistir a la manifestación conmemorativa de la matanza del 2 de Octubre en Tlaltelolco.
Mucho se ha dicho, escrito, investigado y especulado en torno a estos hechos, pero lo único cierto al día de hoy, es que no hay una plena certeza de lo que ocurrió con estos jóvenes.
Bajo muchas expectativas, se celebró por fin la multireclamada y multianunciada reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y los padres y familiares de los normalistas desaparecidos. Se contó con la presencia de autoridades, abogados e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignado al caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En total 96 personas.
Y no, no hubo una colisión de planetas ni llovieron sapos como muchos agoreros del desastre llegaron a anticipar.
Al igual que el 29 de octubre del año pasado, cuando por primera vez el jefe del Ejecutivo federal se reunió con los padres de los normalistas, se suscribieron acuerdos. El presidente Peña, amante de los decálogos suscribió un documento de 10 puntos que establecía compromisos de ambas partes para el seguimiento de las investigaciones correspondientes, la salvaguarda de los derechos humanos de los estudiantes sobrevivientes, el mejoramiento de las condiciones de las escuelas normales del país y garantías para la participación de los familiares de los normalistas en calidad de coadyuvantes en el caso. Los acuerdos se cumplieron parcialmente.
En esta ocasión, los padres de los normalistas presentaron al Presidente un pliego petitorio de 8 puntos, entre los que sobresalen la demanda de crear una Unidad Especializada de Investigación del caso, dependiente directamente de la PGR, la permanencia del GIEI como coadyuvante y aval de las investigaciones, y el relanzamiento y concentración de la búsqueda de los desaparecidos –aun cuando los restos mortales de dos de ellos ya han sido identificados por un laboratorio especializado en la Universidad de Innsbruck, Austria- “a partir del uso inmediato de tecnología”.
Apenas un par de horas de concluido el encuentro celebrado a través del vocero presidencial Eduardo Sánchez, se dio a conocer la iniciativa del Ejecutivo Federal para proceder a la creación de un equipo de peritos “del más alto nivel” para dar continuidad a las investigaciones, en base a las recomendaciones del GIEI.
Habrá que recordar que por petición de los propios padres, a los 43 normalistas se les tiene en calidad de “desaparecidos”, no obstante los testimonios de diversos implicados que señalan que habrían sido ejecutados y al menos una parte de ellos, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos lanzados al río San Juan.
A la fecha, 111 personas continúan detenidas por su presunta participación en estos hechos.
Cabe mencionar que el día 26 de septiembre, cuando se cumple el primer aniversario del Caso Iguala, el Presidente Peña estará fuera del país, pues está convocado a participar en la Asamble General de la ONU, en Nueva York.
Y seguramente, no faltará quien critique su ausencia física del país en una fecha tan delicada, a pesar de la celebración del encuentro con los padres de los normalistas y sus representantes, y de que no está en sus facultades dirigir o modificar la agenda de un organismo internacional.
En resumidas cuentas: la desconfianza hizo su parte, y a un año de distancia, estamos prácticamente en el mismo punto; sin saber dónde están los normalistas, quién ordenó que se les atacara, y quién les ordenó ir ese día a la ciudad de Iguala, pese a las evidencias de la fuerte presencia del crimen organizado en la plaza.
Y nuevamente las preguntas: ¿Por qué no se ha investigado al director de la Normal? ¿Por qué no dan la cara los integrantes del Comité Estudiantil, a quien se atribuye la decisión de mandar a los estudiantes de nuevo ingreso –los más jóvenes- a secuestrar camiones y “botear” en Iguala, en calidad de “novatada”.
¿Por qué no se ha abordado la vertiente política del empoderamiento del matrimonio Abarca, y sus padrinazgos políticos?
¿A qué le tiene miedo el gobierno federal? ¿A qué?
DE BOTEPRONTO: Si la agenda política del caso Ayotzinapa se agota, como ocurrió con el Caso Narvarte, es lo de menos. Siempre habrá quien quiera lucrar políticamente con una tragedia. Al tiempo.
Twitter: @miguelisidro
