Austin, Texas.- El procurador General de Texas, Ken Paxton se unió al procurador General de Dakota del Norte, Wayne Stenehjem y a otros 29 estados solicitando a la EPA extender la fecha en que entrará en vigor el planificado reglamento de Aguas de Estados Unidos (Waters of the U.S. -WOTUS).
Misma que se planifica inicie el 28 de agosto 2015; una vez el reglamento entre en vigor, prácticamente todos los ríos, arroyos y riachuelos en los Estados Unidos estarán bajo la supervisión de los burócratas de la EPA.
Esto obligaría a cambios radicales en la política ambiental, y causará molestias innecesarias a los agricultores, dueños de propiedades privadas y las empresas teniendo así un efecto negativo en las economías locales y estatales.
"Este reglamento ilícito busca ampliar enormemente la definición de las aguas que están bajo el control federal, poniendo prácticamente cualquier dueño de propiedad en riesgo de enfrentar nuevas costosas regulaciones", dijo el Procurador General Paxton.
“El exceso de la EPA interrumpe el crecimiento, elimina y dificulta la creación de nuevos empleos, y estoy comprometido con la lucha contra esta expansión sin precedentes del poder reglamentario", añadió.
La carta, enviada a la Administradora de la EPA Gina McCarthy y al Subsecretario del Army Jo Ellen Darcy, solicitó que la EPA actúe de inmediato para extender la fecha de comienzo del reglamento WOTUS por al menos nueve meses.
El 29 de junio, junto con los estados de Luisiana y Mississippi, el procurador General Paxton presentó una acción legal contra el inconstitucional, ilegal y costoso nuevo reglamento de aguas de la EPA. Por la revisión de la definición reglamentaria de "aguas de los Estados Unidos" bajo la Ley de Agua Limpia, la EPA amplía enormemente la jurisdicción federal sobre las aguas y amenaza la capacidad de los estados y los propietarios privados de utilizar su propia tierra.
Cabe señalar que la norma es una violación a la Constitución de Estados Unidos, la ley federal y al precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, y coloca gravámenes costosos sobre los propietarios de tierras en Texas.
