Si hacemos caso a Ralph Miliband con su teoría sobre el Estado, donde afirma que una elite es la dueña del mismo; elite que está conformado por los titulares de los poderes del Estado, es decir, por quienes gobiernan diríamos entonces que Egidio Torre Cantú, Hernán de la Garza y Ramiro Ramos Salinas son los dueños de Tamaulipas. ¿Quiénes mas, aparte de ellos, toman decisiones sobre la vida política, económica, social y educativa de la entidad?
Sin embargo, en ciertos momentos –coyunturales quizá-, se puede observar que hay aparte de ellos, otros elementos que, guardando proporciones, también se dueños del Estado o de parte de él. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, se puede recordar el caso de Joaquín Hernández Galicia, de Pedro Pérez Ibarra o de Agapito González, lideres, que en su tierra eran intocables y su palabra casi era ley. Eran factores reales del poder.
Quienes son detentadores del poder formal de un Estado, como sucede con los titulares de los poderes estatales, lo hacen por expresa voluntad de sus electores. Sin embargo, cuando el Estado, por omisión o por decisión propia, renuncia a ejercer su poder, está renunciando a su capacidad de decisión, pero sobre todo, de mando y autoridad: es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Oaxaca con los profesores.
La nota de la semana es precisamente esa: que el gobierno de Oaxaca, respaldado por el gobierno federal, ha quitado de un plumazo un poder que había cedido a la organización magisterial: le había cedido el control, el dominio, del ejercicio de la administración educativa de la entidad; llegando, por esa circunstancia, un poder político y económico incalculable: los líderes de la Sección 22 eran los dueños, los amos, de la educación. Se retomo, dicen, la rectoría de la educación.
En Tamaulipas no se ha llegado a tanto. Por sexenios, la sección 30, pugnaba, reclamaba, que la educación tenía que ser administrada por profesores. Incluso, en algún tiempo, un gobernador para dar esa satisfacción designo a Janet Saleh Gattas; pero además, por otro largo periodo, Luis Humberto Hinojosa Ochoa, cumplió ese papel: ser sindicalista y además tener en sus manos la administración educativa. Sin embargo, nunca, nunca, se llego al extremo de lo que sucedía en Oaxaca.
La decisión del gobierno en Oaxaca de desaparecer el Instituto de Educación Pública tiene un significado: recobrar la rectoría de la educación, pero además, poner un hasta aquí, a quienes a costa de la educación, han convertido el proceso educativo en una especie de mercancía con la cual pueden jugar, negociar y poner de rodillas al Estado. Es una provocación, fue lo que declaro el líder magisterial, sin embargo, hasta este momento no se conoce reacción alguna.
Quien ya reacciono fue Andrés Manuel López Obrador, quien ya ofreció a la Sección XXII una alianza con Morena, bajo dos propósitos claros: a) las próximas elecciones locales; y b) establecer una estrategia de lucha que impida, que detenga, la embestida gubernamental en contra de la referida sección. De tiempo atrás, se ha presumido que hay ligas entre los maestros oaxaqueños y AMLO: ya los hechos lo confirman.
No se sabe hasta dónde va a llegar el caso Oaxaca: si habrá protestas o no de los profesores, si AMLO lo va a capitalizar, pero si queda claro que el Estado cuando se lo propone es capaz de usar todos sus elementos para destruir a quienes, o a lo que se opone, a sus designios: Joaquín Hernández Galicia en tiempos de Carlos Salinas y Elba Esther Gordillo, en el presente, se sentían amos y señores, intocables… y ya son parte de la historia.
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