La cultura de la impugnación en los asuntos comiciales sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra democracia, como queda evidenciado con la inconformidad surgida tras los resultados de la justa (que ya acaricia su etapa final) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, se supone, es apolítica e imparcial.
Y es que como en todas las luchas en que está de por medio la conservación o búsqueda del poder, los actores principales acuden a cuanto recurso esté a su alcance a fin de lograr el objetivo fijado.
Esto además incluye acciones que se sitúan al margen de la ley, aunque en público se niegue.
Es por demás evidente que las más de las veces los opositores no ajustan su actuación en la normatividad existente, y, por el contrario, de manera reiterada y sistemática tienden a violentarla.
En un principio se benefician de las prerrogativas electorales y del reparto de posiciones de elección popular, pero cuando lo consideran necesario, lanzan una embestida en contra del sistema electoral del cual fueron o son copartícipes.
Lo más recomendable para ellos, por tanto, es que practiquen un examen de conciencia.
Que razonen seriamente la postura que asumen en la coyuntura postelectoral, con una perspectiva de dignificar la política no en base al pragmatismo utilitario.
Examen de conciencia
Los dirigentes partidistas y candidatos perdedores, principalmente, no tienen el derecho moral, aunque sí legal, de inconformarse ante todo y por todo, por lo que es recomendable que ellos pongan el ejemplo de llevar a la práctica el examen de conciencia sugerido (líneas arriba) –so pena de que el escarnio público los haga perros del mal--, a fin de que realmente consideren aspectos elementales como los siguientes:
1) Que en una elección triunfan los personajes que tienen arraigo y trabajo entre los diversos segmentos sociales, y no los improvisados ni los aventureros que le apuestan a la suerte y el escándalo como estrategias de campaña;
2) Que no basta con asegurar que hay irregularidades en los procesos electorales, toda vez que lo fundamental es aportar pruebas. La sociedad está harta de especulaciones y mentiras; exige hechos contundentes;
3) Si se está en desacuerdo con las reglas fijadas en la competencia electoral, hay que convencer a la ciudadanía y los factores de poder para que sean modificadas de manera seria y responsable, en beneficio de la equidad y el desarrollo democrático;
4) Es pertinente abandonar la dualidad con que se asumen los resultados electorales; es decir, es de irresponsables hablar de transparencia y limpieza cuando se gana, y de trampas y violaciones al ordenamiento electoral, cuando se pierde;
5) Es impostergable revalorar que son órganos ciudadanos los que conducen los comicios y el funcionamiento de los mismos. En todo caso son perfectibles, pero no se les puede enjuiciar de manera frívola e irresponsable, sin proponer alternativas viables.
¿Acaso ya lo hicieron?
Esta interrogante va, también, con copia a todos y cada uno de los inconformes que en las urnas no alcanzaron el triunfo que hoy tanto dan en pelear en los tribunales.
Centralismo
La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución exclusiva del Presidente y no existe forma, al menos hasta ahora, de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.
Por eso hay colaboradores de Enrique Peña Nieto que aún rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social (aprobado en tiempo y forma por el Congreso de la Unión), a fin de evitar que éste se realice equitativamente y ser ellos quienes sigan ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre).
A ello obedece que en la Cámara de Diputados (federal, por supuesto), la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en los partidos políticos, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), en los sindicatos y otras agrupaciones de la sociedad civil, se mantenga firme la convicción de revisar el marco jurídico del Pacto Federal, pues legalmente éste (ya) resulta atentatorio contra el mayoritario porcentaje del pueblo.
Dicho en otras palabras, en una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ampara su proceder exclusivista y excluyente (del manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico a fin de que los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos o quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis.
Bomberos
“La capacidad de respuesta en contingencias, es una prioridad para una ciudad que está transformándose; y la alta preparación de nuestras corporaciones garantiza mayor seguridad a nuestra gente”, comentó Lety Salazar a 20 elementos de Protección Civil y Bomberos, que lograron su certificación internacional en la Academia de Bomberos de Harlingen (USA).
Ellos asistieron durante 18 semanas a una preparación académica y práctica, con la que están certificados y actualizados en la atención de emergencias o conflagraciones, lo que da a este cuerpo de auxilio una alta calidad en respuesta y mayor confiabilidad.
La alcaldesa de Matamoros, Lety Salazar, y el Mayor de la ciudad de Harlingen, Chris Boswell, encabezaron de manera conjunta la ceremonia de graduación.
Entrega de obras
Más pavimentaciones hidráulicas de calles y avenidas, reparaciones de caídos y rehabilitación de calles, son una realidad con el respaldo del gobernador Egidio Torre Cantú, quien ha demostrado apoyo total hacia Reynosa en cada visita, inauguración y entrega de obra que realiza, gracias a la gestión y empuje del alcalde Pepe Elías Leal.
Lo anterior fue confirmado durante una gira de trabajo que, en días pasados, acompañado de Pepe Elías Leal, realizó el mandatario para supervisar el avance de obras en el Polideportivo, la construcción del C4 y el puente doble vehicular de la colonia López Portillo, para después saludar a la ciudadanía en un evento masivo, reiterando su preocupación por el bien de Reynosa y anunciando la aportación de un recurso adicional para más obras de 18.5 millones de pesos.
“Es un tema que me planteó Pepe, y como bien lo dijo, aquí sí, con el concurso de la autoridad municipal, con la ayuda de nuestro amigo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con el esfuerzo del estado, que no les quepa la menor duda juntos vamos a resolver el terrible problema que traen de los caídos en Reynosa”, expresó Egidio Torre Cantú.
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