Un fallo legal pero no justo

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Leemos en la prensa que el gobierno de Tamaulipas perdió el pleito entablado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la CONAGUA por el uso indebido de volúmenes de agua para pagar una supuesta deuda con Estados Unidos.
 
No debemos sorprendernos del desenlace del litigio porque estuvo a cargo de Morelos Canseco Gómez, hoy investido con la autoridad de diputado federal aunque no acaba de desprenderse de los asuntos torales de Tamaulipas.
 
Así, algunos observadores lo responsabilizan por el fallo emitido por el tribunal electoral del poder judicial de Tamaulipas que dejó sin efectos legales los resultados de la elección de Ayuntamiento de Río Bravo que habían redundado en el triunfo del candidato del PRI Roberto García Martínez.
 
Francamente y como lo dice Catón, no le entendimos. Ni falta que hace.
 
Lo que resulta relevante es que una lectura completa y cuidadosa del texto del fallo del poder electoral tamaulipeco en el Caso Río Bravo revela un amedrentamiento político-jurídico que trastocó el sentido real de la indagatoria hecha por los magistrados electorales locales.
 
Ellos habían descubierto que las irregularidades cometidas durante el proceso eleccionario municipal de Río Bravo hacían imposible determinar con certeza cuál de los candidatos obtuvo la mayoría de votos.
 
Por consiguiente, su fallo fue en el sentido de anular los resultados de la elección y ordenar otra de carácter extraordinario.
 
Sin embargo, PRI y PAN se inconformaron porque ambos reclaman el triunfo electoral para sus respectivos candidatos y presentan sendos recursos de impugnación ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación, cuya sala regional de Monterrey revisó el caso y resolvió devolverlo a Tamaulipas.
 
Los magistrados electorales federales ordenaron a los magistrados electorales tamaulipecos emitir una nueva sentencia PERO tomando en cuenta 1.- que existen elementos de agravios contra el PAN y 2.- que son infundados los alegatos formulados por la coalición Todos Tamaulipas (PRI-Verde).
 
Entonces los magistrados electorales locales no se meten en problemas y sin darse otra zambullida en el mar de papeles sentencian en apenas dos párrafos  que en Río Bravo ganó el PAN y su candidato Juan Diego Guajardo Anzaldúa.
 
¿Actuaron así por ligereza, frivolidad, irresponsabilidad, dolo, cansancio, abulia, preferencia partidista, línea o consigna?.
 
No!, los miembros del tribunal electoral del poder judicial de Tamaulipas no quisieron meterse en camisa de once varas y simplemente acataron al pie de la letra lo ordenado por el tribunal federal del poder judicial de la federación porque creen que es su superior jerárquico y que una insubordinación puede costarles hasta la libertad.
Así lo dicen ellos mismos en el párrafo segundo de la base décimo segunda de las consideraciones que sustentan su segundo fallo. Textual:
 
“No es el caso de que contemos con plenitud de jurisdicción para resolver de nueva cuenta este conflicto (Río Bravo), por el contrario tendremos qué resolver sobre las bases ya establecidas en la sentencia dictada por la Sala Regional (del TEPJF), restringiéndonos a los puntos que así nos indican y en el sentido que también se decreta, esto es así porque dicha autoridad jerárquicamente se ubica por encima de este órgano jurisdiccional y porque el no sujetarnos a sus resoluciones puede ser motivo de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político en perjuicio nuestro”.
 
Y para que no quede duda de la pertinencia de su postura sobradamente prudente, el mismo fallo II reproduce una tesis jurisprudencial con clave de identificación S3ELJ 24/2001 donde se asienta que el TEPJF está facultado para exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones.
 
No sabemos si los magistrados electorales tamaulipecos pecaron de exagerados al declinar emitir una segunda sentencia y someterse mansamente al dictado de sus superiores (siempre creímos que eran pares); lo que sí sabemos es que es un fallo legal que no necesariamente se ajusta al marco de la justicia.
 
¿Por qué?, porque la entronización de Juan Diego Guajardo como siguiente autoridad municipal riobravense puede cumplir los preceptos legales del código electoral pero no puede decirse que haga justicia a la voluntad ciudadana expresada en las urnas o que le asista razón.
 
No está dicha la última palabra.
 
A propósito de Río Bravo, el alcalde Roberto Benet Ramos reactivó el operativo de salvamento en la villa de Nuevo Progreso y ejidos circundantes al repetirse la inundación que los dejó incomunicados.
 
Benet, los regidores encabezados por el agrarista Guadalupe González López, el director de protección civil y otros funcionarios, supervisaron los estragos causados por otra avenida de agua que terminó de arruinar los trabajos de reparación que estaban por concluirse.
 
El delegado municipal en Nuevo Progreso Raúl Ugalde García hizo un llamado de auxilio porque las bombas de desagüe son insuficientes y la CONAGUA presta oídos sordos a las solicitudes de apoyo.
 
Benet Ramos volvió a pedir la colaboración de particulares para reforzar el auxilio del gobierno municipal y del Estado pues la magnitud del problema rebasa sus recursos.
El Ayuntamiento reparte despensas pero los ejidatarios reclaman el desagüe completo pues perdieron sus pertenencias, sus siembras, animales y no pueden salir a buscar trabajo.
 
El jefe de la comuna gestiona con el Gobernador y funcionarios federales una más amplia participación en el rescate de las áreas riobravenses inundadas.
 
Por cierto, la delegada federal de SEDESOL Lucirene Alzaga Madaria instaló en Ciudad Victoria varios módulos de acopio de comida y otros apoyos para damnificados de Veracruz.
 
Loable labor de la señora nativa de Tampico pero si tenemos aquí mismo zonas de desastre ¿para qué encarecer la ayuda humanitaria con el flete?, ¡mándela a Matamoros o Río Bravo!, igual se lo agradecerán.
 
Los centros de acopio de SEDESOL funcionan en las instalaciones de DICONSA y se acepta de todo, comida enlatada, agua embotellada, cobijas, vacunas, leche, abrelatas, pañales. De todo.
 
Por su parte, el alcalde victorense Arturo Díez Gutiérrez Navarro anunció que una partida de cuatro y medio millones de pesos que está por enviar la federación será empleada en el programa emergente de bacheo.
 
Agregó el jefe edilicio que los recursos provienen del FONDEN y que son insuficientes para afrontar el problema del pavimento dañado por las lluvias, pero cuando menos servirán para arreglar algunas vialidades.
 
Díez Gutiérrez dispuso que se suspendiera momentáneamente el bacheo debido a que las lluvias del huracán Karl hacían inútil el trabajo. Reconoció que muchas calles están destrozadas y que requieren reconstrucción pero de concreto hidráulico.
 
En su más reciente sesión, el Cabildo autorizó que se inicien los trámites para la regularización de una porción de la colonia Matamoros.
 
Retomamos temas políticos para avisar que anoche sesionaría el Instituto Electoral de Tamaulipas para hacer la repartición de diputaciones locales plurinominales.
 
Le van a dar al PAN entre cuatro y seis pero Javier Garza de Coss se irá al pleito judicial para repetir con ocho. Les ha funcionado la estrategia con las dos más recientes Legislaturas.
 
Se nos quedó otra vez en el tintero un documento que comprueba las mentiras de Juan Carlos López Aceves y su elefante blanco del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
 
Lo emitió la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAIP, a la que pertenece Tamaulipas. Mañana lo despachamos.
 
Concluimos con los cumpleañeros del domingo, Norma de León en Reynosa y la señora Olga García Gracia de Benito García Islas. El lunes tuvieron fiestas Juan Antonio Montoya Báez y Héctor Miguel Chávez, éste de Matamoros, mojado, pero contento.
 
Ayer fue el cumpleaños de Juan Carlos Romero Barrera y sus padres Dora y Daniel le organizaron un convivio, en Río Bravo.
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