No hay confianza

No hay la menor duda: no hay confianza en el Estado de Derecho que vivimos. Los hechos son contundentes. Por un lado tenemos a dos líderes partidistas que, en su momento, hicieron acusaciones, reclamos y pidieron la intervención de los magistrados electorales. Participaron dos instancias y, al final, ambos de nueva  cuenta se verán las caras en los tribunales. Y todo, solo por un hecho: que los consejeros ciudadanos de Rio Bravo no hicieron bien las cosas.
 
El pleito es bueno. En medio están los ciudadanos de Rio Bravo. Ya lleven, por lo menos, a dos que alcaldes electos como resultado de la elección del 4 de julio. De ahí, precisamente viene, todo el pleito legal. Los ciudadanos votaron, los consejeros contaron y emitieron un resultado. Gano el Partido de Acción Nacional. Sin embargo, luego, hubo mano negra; los consejeros volvieron a contar y aparecieron más votos: un nuevo triunfador, el del PRI. Ahí empezó todo.
 
Al PAN no le gusto el nuevo resultado e impugno. Y si los consejeros electorales de Rio Bravo hicieron mal las cosas, los Magistrados que comanda Marcia Pérez Cantú no se quedaron atrás: anularon la elección y vino, entonces, la decisión de la sala regional electoral y, obligo, a Marcia a tomar una decisión: entregar la elección al PAN. Bueno, ahora, el pleito sigue: el PRI, obstinado, en la Victoria; los del PAN, en que se deslinden responsabilidades al IETAM.
 
La acción del PRI es, simplemente, un pataleo; es, en pocas palabras, prolongar su agonía electoral. En tanto que el PAN, con Francisco Javier Garza de Coss, está en todo su derecho: pide que se finquen responsabilidades a los miembros del ´Consejo Electoral de Rio Bravo. Insiste, insiste, en que hicieron un manoseo de las actas electorales para modificar un resultado y que, por lo tanto, se les debe aplicar las sanciones correspondientes.
 
Los hechos y acusaciones solo indican un hecho incuestionable: el comportamiento de la autoridad electoral, los consejeros municipales y los magistrados electorales, dejan mucho que desear; no inspiran confianza, porque no ven con objetividad los hechos, porque no aplican la ley tal y como debe ser. Da la impresión que, con sus resoluciones, buscar agradar al poder político, menos a la ciudadanía que emite su voto para elegir a sus gobernantes.
 
Mientras hechos de esta naturaleza se sigan dando, difíciles pensar en un fortalecimiento de la democracia. La confianza de los ciudadanos tiene que empezar con los contendientes, los adversarios políticos; que su comportamiento sea dentro de la legalidad; y, también, en las instituciones electorales, porque son ellas las que planean, organizan y ejecutan los procesos electorales. Ve uno elecciones en otros países y, de inmediato, quien pierde levanta la mano del triunfador. No hay quejas, reclamos ni acusaciones. ¿Cuándo será así en México?
 
Hay una incongruencia en la forma de obtener y conservar el poder y la finalidad de su ejercicio. Quien es gobernante tiene, como esencia, servir al pueblo; con sus decisiones y acciones satisfacer las necesidades de la sociedad; es, por lo tanto, una noble actividad. Sin embargo, hay un pero: para conseguir el poder a veces desarrollan acciones reñidas con la moral y con el derecho, de ahí la expresión de que “el fin justifica los medios”. Es la explicación del comportamiento de consejeros y magistrados: burlar la ley para satisfacer una necesidad de poder
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