Moral pública

Hay dos tipos de ciudadanos: los que gobiernan y los que son gobernados. Esta distinción es válida para, en un Estado de derecho, marcar la diferencia entre unos y otros. Los que gobiernan, además de que deben poseer una vocación de servicio, también deben poseer una moral  pública. La misma que, la semana pasada, recordó Felipe Garza Narváez en relación con los diputados faltistas: Ricardo Gamundi y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
 
En el Estado de Derecho, además, hay otra diferencia entre los ciudadanos que gobiernan y los que son gobernados: los gobernados deben, con sus acciones, nunca violentar la ley; en tanto que, los que gobiernan, deben cumplir las tareas o encomiendas que la ley les ordena de manera explícita. Para los que no las cumplan, se les aplica la ley de responsabilidades de los servidores públicos. A partir de esta disposición, es como debemos observar la moral pública de los servidores públicos.
 
Por ejemplo poco se cree, o quizá nadie cree, lo que asevera José Zermeño en su calidad de contralor estatal: que no hay, dice, evidencias de que el presente sexenio gubernamental, el de Eugenio Hernández Flores, se haya dado la forja de nuevos ricos; entendiéndose, nuevos ricos por enriquecimiento explicable, si proviene esa condición por la posición que ocupen en la administración pública estatal. Previsibmente, siempre hay nuevos ricos, por traficar con influencias, por aprovecharse del cargo, por disponer de información privilegiada.
 
¿Cómo calificar, por ejemplo, la moral pública de quienes se han negado a pagar préstamos del UPYSEET? Jorge Abrego, el titular del organismo, ha señalado en reiteradas ocasiones en que hay ex servidores públicos que demandados penalmente. Siendo servidores públicos pidieron préstamos, dejaron de serlo y, ahora, se niegan a pagar. Como es dinero de los empleados estatales, tienen que ser recuperados; para no afectar el dinero de las pensiones de los burócratas.
 
El caso que menciona Felipe Garza Narváez es más evidente. Los diputados fueron electos para cumplir con una tarea; entre ella, asistir a reuniones públicas para debatir, analizar y tomar decisiones sobre cuestiones fundamentales de la vida tamaulipeca. En el caso de García Cabeza de Vaca, sus justificaciones han sido diversas en su condición de ser el diputado con más faltas: que realiza, dijo en una ocasión, encomiendas de su partido; en cierta medida, es el mismo caso de Gamundi: ¿Quién les paga? El pueblo, porque es quien los eligió (contrato) para que sea “representante popular”.
 
Con cierta frecuencia se documenta, evidencia en los medios de comunicación, que buen  número de servidores públicos no tienen vocación de servicio; se les nota indiferencia, falta de ganas, algo de irresponsabilidad, con todo y que sus decisiones y acciones tienen un impacto en grupos sociales. Y lo que niega José Zermeño, quien mete las manos al fuego por sus compañeros, no puede esconderse: cíclicamente, en el próximo sexenio, es cuando aparecen las evidencias que el contralor no ve; recuérdese como, despues de un sexenio, se ha castigado con cárcel a quien se haya “bañado” con el dinero del pueblo.
 
En más de una ocasión nos preguntamos: ¿Qué pasa con México? Los gobernantes, año tras año, dan pormenores de sus logros… ya debiéramos ser, efectivamente, un país del primer mundo; y no, por todos lados, hay evidencias de que no avanzamos; de que vamos hacia atrás la pobreza y marginación se incrementan, la marginación social, económica y social es patente, el poder adquisitivo del salario es cada vez menor, no hay empleos suficientes… y las trampas electorales están a la orden del día. Comentarios: meligue@prodigy.net.mx