La mayoría de los mexicanos urgimos siempre que exista una medida que permita que nuestros impuestos no trabajen más en beneficio de una mal llamada “clase política”, que, como hemos dicho antes, ni tiene clase ni sabe hacer política.
En ese sentido, es justo explicar que a ella migran un grupo de personajes ávidos de riquezas y encantados con poder desviar fondos de distintas maneras: desde los pagos que hacen en cafeterías de la localidad pidiendo facturas para el Gobierno, notas de gasolina facturadas también al gobierno y aplicadas en los vehículos donde pasean a sus esposas e hijos y acuden a sus mandados personales, y muchas más cosas. Tampoco son políticos porque no tienen la mínima idea de lo que es serlo: se afanan en ser déspotas, prepotentes, insensibles, groseros y con un complejo divino que creen que deben “conceder” audiencias al jodido pueblo, con la idea de que son superiores, y olvidando su origen humano, como cualquiera de nosotros.
Es decir, y como anota una querida investigadora universitaria: “también son de pelito gris”.
El caso es que en la urgente necesidad de rendir cuentas y no robar lo que es nuestro, el Congreso del Estado ha coincidido en prácticamente todos sus integrantes con la iniciativa que comenta Ramiro Ramos Salinas, en el sentido de que hay que tener medidas de control más estrictas, acordes a los lineamientos aprobados a nivel federal y que deben ser la constante cotidiana para todos.
El presidente del congreso tamaulipeco hace énfasis en esta medida, y menciona la base legal para ello, pero lo más importante; la base social, es decir, la necesidad de la gente de saber que nos dirige gente honesta y con ganas de servir y no sinvergüenzas que solamente se enriquecen a la sombra de cualquier cargo, inclusive, los más modestos.
Raya en lo ilógico ver el aspecto de salarios, cuando se anota que los trabajadores del gobierno estatal ganan muy poco, y unos cuantos reciben las famosas compensaciones, por lo que somos de la idea de que debiera haber mejores salarios y desaparecer esos privilegios que se otorgan en relación no al rendimiento, sino a las relaciones que se tienen.
El diputado Ramos Salinas destaca que esta iniciativa tiene sus bases en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo primordial es el de establecer los criterios que regirán la contabilidad oficial y la emisión de información financiera de los entes públicos, con la idea de que se pueda lograr una adecuada armonización, es decir, que el dinero se aplique adecuadamente.
La idea es que quien recibe dineros oficiales, públicos, de todos nosotros, tenga mecanismos adecuados para garantizar que no se embolsan nada, porque insistimos, la gente está fastidiada de ver los lujos en que vive cierto grupo de personajes en todo el país, y que no merecen nada en base a su productividad, y conste que hoy no hablamos de los líderes sindicales, quienes viven como sultanes y trabajan… bueno, no lo hacen.
El neolaredense Ramiro Ramos sigue insistiendo en que debemos ser muy claros con lo que nos otorga el gobierno en cualquiera de sus niveles, y congruente con los postulados de una administración que se maneje con claridad, de ahí la importancia en que todo se maneje de forma por demás transparente.
En ese sentido, somos de la misma idea: de encontrar a esa gentuza que sigue robando el dinero de un pueblo entero, debieran aplicarse medidas más enérgicas, como, por ejemplo, al menos 3 a 5 años de cárcel no conmutables, y multas que ordenen la devolución de lo robado y un 50 o 100 por ciento más, para que realmente les cueste si los llegan a cachar, independientemente de inhabilitarlos de por vida, porque quien una vez roba, lo volverá a hacer, y entonces, quitarlos de esos cargos que son realmente para servir a la gente.
El diputado Ramos Salinas quiere que haya orden, y los legisladores tamaulipecos hacen votos porque así suceda. Esperemos se cristalice la idea.
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