Los mexicanos y tamaulipecos, siendo testigos y víctimas durante los últimos 30 años de malos hábitos gubernamentales, pésimas costumbres burocráticas, corruptelas, tráfico de influencias, nepotismo, así como prácticas reconocidas como conflictos de interés, el Congreso de la Unión y el de Tamaulipas aprobaron la llamada Comisión Anticorrupción.
Los últimos tiempos gracias a la democracia en las comunicaciones que prestan las redes sociales, se venían ventilando diversas acciones indebidas tanto por funcionarios de primer, segundo y tercer nivel gubernamental. Primero fue la famosa casita Blanca, luego la de Maninalco, las obras suspendidas de trenes rápidos de Querétaro y Yucatán, las fallas registradas en la Línea 12 del Metro, la presa particular de un gobernador de Sonora, tráficos de influencia, elusión y evasión fiscal de grandes empresarios, entre muchos ilícitos más.
Es tan grave la corrupción en nuestro país, que según registros recientes del Observatorio Económico México, la corrupción le ha costado al país 341 mil millones de pesos al año, a precios actuales. De acuerdo con el grupo de expertos en economía, que presentó el Semáforo Económico Nacional 2014 (26/02/2015), los empresarios dejan de invertir en la medida que aumentan la percepción y los costos de la corrupción.
Los cálculos de la agrupación están basados en un indicador del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mide ese efecto y que establece que un aumento de 10% en la corrupción genera una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB.
Por ello, después de debatir más de 2 años y medio a partir del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, se propuso instalar en México una nueva forma de combatir y prevenir este pasivo político económico, a través de un nuevo mecanismo por medio del Congreso y la Auditoria Superior.
Estas medidas se dieron con reformas a la Constitución del país en materia de combate a la corrupción, en las que se crea el “Sistema Nacional Anticorrupción” y sanciona penalmente a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción, y en donde también se considera la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito.
La reforma constitucional establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda fiscalizar el destino y ejercicio de las participaciones federales que reciben los estados y los municipios, así como los créditos que cuenten con la garantía de la Federación.
Asimismo, dota a esa misma instancia de facultades para solicitar información sobre procesos concluidos en el ejercicio fiscal en curso, sin esperar a que concluya para iniciar la fiscalización formal, con lo que quita los principios de anualidad y posterioridad a las tareas de fiscalización de los recursos públicos.
En el Congreso de Tamaulipas este miércoles, con el voto en contra de los diputados del PT y del PRD y un debate entre ellos, así como con dispensa de turno a Comisiones, el Congreso local de Tamaulipas se sumó a nueve entidades más en aprobar la Ley Anticorrupción.
El documento aprobado y que convierte a Tamaulipas en la décima entidad en hacerlo contempla del mismo modo que la comisión de delitos por cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, se sancione en los términos de la legislación penal aplicable, acciones que aplicarán también para personas morales.
Con la reforma constitucional, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley, además de agregar el enriquecimiento ilícito a las causales de extinción de dominio.
En cuanto al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), éste será nombrado por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores tendrá la facultad de ratificarlo. Asimismo, el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se convierte en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano especializado en resolver casos en esta materia, así como las sanciones que correspondan, tanto a funcionarios como a particulares.
Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que estará encabezado por un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la ASF, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Partición Ciudadana y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
También establece que los actos graves de corrupción prescriban en lapsos no inferiores a siete años (actualmente es de tres), con la intención de incorporar una "visión transexenal". Tamaulipas es la décima entidad en aprobarlo, antes lo hicieron: Chiapas, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Sonora, Colima, Chihuahua, Hidalgo y Estado de México.
De hecho el actual presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas (CONALPRI), Diputado Ramiro Ramos Salinas, se había pronunció el pasado 24 de abril, a favor de la Ley anticorrupción y exhortó a sus compañeros de partido de todo el País, a urgir la aprobación de estas modificaciones, que entre sus propósitos figura brindar mayor transparencia en cuanto a la rendición de cuentas y seguimiento al ejercicio público del gasto, por lo que precisó, existe la necesidad de que se avale lo antes posible para avanzar en su armonización en los diferentes Estados de México.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, abundó en que existe consenso para la aprobación de esta ley, la cual tiene que adecuar en Tamaulipas, las Leyes de Responsabilidad de Servidores Públicos, para incorporar nuevas obligaciones a quienes desempeñan un cargo y de Fiscalización Superior del Estado, en razón de adicionar facultades a los servidores públicos.
También se tienen que hacer reformas a la Ley de Transparencia, a fin de establecer los nuevos modelos que conciernen a la cuenta pública; al Código Fiscal, con el objeto de instituir la naturaleza y atribuciones del Tribunal Administrativo, además a las leyes orgánicas de los tres Poderes, con el propósito de modificar las facultades de las contralorías.
Al país y a Tamaulipas ya le urgían este tipo de medidas, que impidan eventos a los que los tamaulipecos ya no estamos dispuestos a tolerar más de funcionarios que llegan a pie y salen enriquecidos escandalosamente y no existen maneras ni voluntad de sancionarlos…
