Tijuana, (Notimex).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contempla hacer algunas recomendaciones a las autoridades municipales de Tijuana y Mexicali, para evitar la discriminación de migrantes.
Al hacer una evaluación de su gira de trabajo por la región, el presidente de la Conapred, Ricardo Bucio Mújica, aseveró que una de las tareas que se lleva es elaborar una serie de recomendaciones a las corporaciones policiales de Tijuana y Mexicali.
El funcionario se refirió al “Estudio sobre los usuarios del desayunador salesiano Padre Chava”, que impulsado por el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), establece que sus usuarios son detenidos por los agentes, de forma reiterada.
“Se hace a partir de un estigma, del delito de ‘portación de cara’ básicamente, un fenotipo donde se piensa, se prejuicia, que es un posible delincuente y por eso está la detención”, señaló al referirse a dicho estudio de El Colef.
De acuerdo con el documento elaborado y difundido por El Colef, 48 por ciento de los usuarios del desayunador son detenidos por “deambular”, el 28 por ciento por no portar documentos de identificación y el 14 por ciento por su vestimenta.
El estudio establece en cuanto a estas detenciones que “no corresponden a una razón constitucional de detención”, de ahí que Bucio Mújica señale que “vamos a hacer recomendaciones sobre todo a los gobiernos municipales, no sólo de Tijuana, también de Mexicali”.
Desde esta perspectiva, Bucio Mújica anotó que “hay protocolos de trabajo que se han ido haciendo para los cuerpos de seguridad, para evitar la discriminación”.
Puntualizó que estas detenciones, “normalmente siempre son en contra de los mismos grupos de población, pero son cuestiones recurrentes en todo el país que se agudizan más en las zonas fronterizas”.
En cuanto a la evaluación de su gira y las acciones a tomar, tienen que ver con el trabajo conjunto con El Colef, con la cancillería, la Secretaría del Trabajo, la Secretaria de Gobernación coorganizadores de la encuesta de migración en fronteras.
“Tratar de buscar conjuntamente la mayor utilidad posible a los datos de esta encuesta que es muy robusta y que nos habla de los flujos, de las condiciones de los migrantes en este año en particular”, anotó.
Pero también de la situación de discriminación que viven los migrantes “y que eso nos va a ayudar en la definición de las políticas públicas que es interés de la encuesta de migración y fronteras”.
Señaló que también han hecho un acuerdo para proponerle al gobierno del estado la elaboración de un programa estatal de igualdad y no discriminación, en el cual la autoridad estatal mostró interés.
Se trabajará de tal manera, dijo, que se tenga una definición de las acciones que tendrían que hacer cada una de las dependencias del gobierno del estado, no sólo en materia de prevención de discriminación a migrantes, sino de cualquier población.
Otro de los temas que le llamó la atención de la encuesta a los usuarios del desayunador Padre Chava, fue “el aumento tendencial y grande de la repatriación de personas que llevan más de cinco años, de hasta 20 años y más”.
Las condiciones, la posibilidad de discriminación y la necesidad de inclusión en mecanismos laborales, en esquemas de reintegración social de esta población, dijo, “son muy distintos a la población que ha sido repatriada con poco tiempo o que es repatriada muchas veces por el cruce continuo”.
Anotó que el tema, “es una situación de interés para todas las instituciones públicas del país, pues son finalmente miles de personas que se van a quedar allá, que tienen lazos familiares en Estados Unidos y tienen de alguna manera una vida binacional”.
En ese sentido, resaltó que en México, requieren una serie de oportunidades “que claramente no tuvieron en etapa, por eso se fueron y que ahora creo que no estamos aún preparados, no hemos puesto los dispositivos suficientes para que las tengan en México”.
De las visitas que hizo a las casas de migrantes, a los centros de asistencia durante su gira de trabajo por Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, dijo, “veo una doble perspectiva”.
Por una parte, anotó, la necesidad de mayor apoyo, de mayor relación de colaboración de parte de los gobiernos municipales y estatales, con respecto a las organizaciones que hacen la atención directa a las personas migrantes.
“Ahí hay que reconocer que básicamente la atención, la protección está en manos de las organizaciones civiles, la asistencia de primer contacto los mecanismos de inclusión social”, señaló.
Pero también aprecia la necesidad de regular estos centros, “de cumplir con lo que dice la ley de asistencia que es una ley general”.
Se refiere, dijo, a que las autoridades locales cumplan con la perspectiva de asegurar que todos los centros que brindan asistencia, lo hagan en condiciones adecuadas”.
Indicó que estas condiciones adecuadas incluyen las de seguridad “que no haya posibilidad de que se den ningún tipo de abusos, ningún tipo de apertura al crimen organizado”.
