Delitos sin castigo

Estuvo en Victoria Leonardo Valdez Zurita. Es el Consejero Presidente del IFE y, sin rubor, estableció (o nos recordó) que la ley tiene lagunas: que hay delitos que no se pueden castigar. No sorprendió a nadie su afirmación; de toda la vida, el ser humano, lo sabe: la ley aunque tiene un brazo largo no siempre puede alcanzar a quienes la violan. Por algo, dicen, que es ciega. Lo cierto que, hoy por hoy, el Presidente Felipe Calderón sabe perfectamente lo que puede hacer en cuestiones electorales: lo que quiera, al fin y al cabo que no lo pueden castigar.
 
Lo que plantea Valdez Zurita es una realidad a lo largo y ancho de la republica. Igual sucede con los gobernadores y buen número de políticos. La ley, en su interpretación, puede dar elementos para aplicarla o no, según sea el caso y, además, la víctima o el victimario. Ya ven lo que le sucedió a Genaro de la Portilla; por andar promoviéndose, como un potencial candidato a alcalde, acumulo una, otra y otra multa. Otros hicieron lo mismo y nada, la autoridad electoral no los vio.
 
Las lagunas en la ley son culpa de los legisladores. Son los que aprueban las leyes; y ellos, obvio, lo hacen siguiendo la disciplina partidista o de los intereses a los que responden; que deben ser, en teoría, a los del pueblo. La falla, dice Leonardo, es porque los legisladores no establecieron un catalogo de sanciones. Se identifican violaciones a la ley, las tipifican; y en teoría todos deben ser castigados si son culpables. El caso, por ejemplo, del Presidente Calderón es porque, en la Constitución, se especifica sobre que delitos puede ser “acusado”.
 
Los delitos electorales están señalados en la ley. Si están tipificados es porque violentan la norma y, quienes lo hagan, debieran ser castigados. El problema es que, efectivamente, para unos casos la sanción no es la que debiera ser. Por ejemplo, en la elección de Vicente Fox, se comprobó que hubo dinero extranjero en los gastos de su campaña: la sanción, que recuerde, fue solamente de multa; en cambio, el caso pemexgate tuvo muchas aristas: el poder ejecutivo vía la Secretaria de la Función Pública aplico sanciones, también lo hizo el IFE (multas fuertes al PRI) y por la vía judicial no hubo culpables, no hubo delito… al menos no tocaron a los líderes sindicales; Rogelio Montemayor sufrió, al final quedo libre.
 
Tamaulipas no es la excepción: para muestra basta un botón, lo que sucedió en Rio Bravo. En primera instancia, primer conteo, el triunfo es para el PAN; luego, el comité municipal electoral, hace un nuevo recuento, dicen que abren paquetes con actas en su interior, y hay otro resultado: gana el PRI. Jorge Luis Navarro, del IETAM, tomo los hechos como buenos; y ante la impugnación, Marcia Pérez Cantú y demás miembros del Tribunal Electoral, como buenos discípulos de Pilatos, se lavaron las manos: nulificaron la elección.
 
La decisión del Tribunal Electoral solo tiene un significado: alguien actuó mal, haya sido un partido político, hayan sido los miembros del comité municipal del IETAM; lo cierto es que, al final, torcieron un resultado electoral, es decir, violento la ley electoral, los principios de la democracia, luego entonces lo más razonable es que haya una sanción. Y si no la hay, será porque Felipe Garza Narváez y demás legisladores cuando aprobaron las últimas reformas electorales no se fijaron en los castigos para quienes van en contra de la ley electoral.
 
La democracia avanza cuando se modifican las reglas del juego. No se vale pregonar, presumir, una reforma electoral que en cada proceso evidencia omisiones, errores o insuficiencias: las acciones legislativas tienen padre; y son padre, los legisladores que la propusieron y la aprobaron, de no avanzar y de quedarse a medias. No puede haber impunidad en delitos electorales… una ley así, solo sirve a medias. Y a medias, el vaso puede estar medio lleno o medio vaso; para el caso es lo mismo, no satisface las demandas de una mejor democracia.
 
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