Siete millones, víctimas de extorsiones telefónicas: Mendoza Arellano

Palacio Legislativo.- Ante el incremento de las extorsiones telefónicas que durante este año llegaron a 6 mil 211 cada 24 horas, en perjuicio de más de 7 millones de personas, el diputado Eduardo Mendoza Arellano (PRD), presentará una iniciativa para que éste sea considerado un delito grave y se aumenten los años de prisión para quien lo cometa.

En conferencia de prensa, el diputado destacó que en lo que va del año, las llamadas de extorsión han aumentado a 6 mil 211 cada 24 horas y aseguró que este delito ha mutado al grado de que los delincuentes efectúen el cobro de piso, por lo que presentará una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, con el fin de que pueda existir un delito equiparado.

Fundamentado en las cifras dadas por el Consejo para la Ley y Derechos Humanos, Asociación Civil, el legislador aseguró que en el periodo del año 2001 al 2009, 7 millones 324 mil 600 personas han perdido entre mil y 50 mil pesos por ser víctimas de extorsión y que apenas el año pasado se intentaron 2 millones 255 mil 335 extorsiones.

Por lo anterior, explicó que su iniciativa pretende tener un equiparado del delito de extorsión para que la Ley la señale como “extorsión equiparada por venta de protección y este delito fuese tomado ya como grave, cuando los delincuentes extorsionan tanto a comerciantes como a empresas grandes como lo es Pemex”.

Detalló que en agosto del año 2008, cada 24 horas se intentaban 4 mil 400 extorsiones y existían 916 bandas organizadas de extorsionadores de las cuales las 15 más violentas operaban desde los penales en el Distrito Federal, y lamentó que dicho fenómeno haya aumentado de septiembre a diciembre del mismo año cuando en dicho periodo se intentaban 6 mil 179 extorsiones por día.

También ante la oleada de corrupción en instituciones públicas, el diputado adelantó que presentará una iniciativa que reforme el Código Penal para establecer como delito el fraude ministerial, es decir, el fraude que comenten los Agentes del Ministerio Público (MP).

“El Ministerio Público no debe de salir del ámbito del Poder Ejecutivo pero creo que sí se le debe de acotar ese monopolio que tiene de absolución y que además de acotarle debe de haber sanciones en el que caso de que se actué con irregularidad. Con esta propuesta de reforma el Ministerio Público puede inclusive ser suspendido en sus funciones o podría alcanzar una pena que iría desde los 10 años hasta los 40 años de prisión”.

También su reforma pretende la creación del Consejo Ministerial, el cual sería integrado por once consejeros y un presidente para tener un total de 12, asimismo recordó que impulsará que se expida la Ley Orgánica del Consejo Ministerial.