Virrey enano en Tamaulipas

En fechas recientes, uno de los temas que se han perfilado en la agenda política de Tamaulipas, es la posibilidad de efectuar una reforma constitucional que permita en el mediano plazo sincronizar el calendario electoral local con el de las elecciones federales.

Esta eventual reforma implicaría dos escenarios inéditos en la historia política de la entidad: la elección de un gobernador "de transición" que cubriría un periodo de dos años (de 2016 a 2018), o bien, dar pauta a que en periodos subsecuentes pudiera efectuarse dicha modificación, a modo tal de las elecciones de Presidente de la República y de gobernador de Tamaulipas pudieran empatarse entre los años 2022 o 2030.

¿Cuál es la urgencia?

Según los entendidos de la materia política, el objetivo de esta medida sería evitar que cada año y medio la entidad tamaulipecos e vea enfrascada en procesos comiciales, además de disminuir los costos operativos que cada proceso electoral arroja al realizarse en calendarios diarios diferidos.

El tema me ha traído a la memoria los episodios vividos en el estado de Morelos entre los años de 1998 a 2000.

En ese corto periodo de tiempo, Morelos tuvo tres gobernadores.

El primero de ellos, Jorge Carrillo Olea, había sido electo para cumplir el periodo constitucional de 1994 a 2000, pero una severa crisis en materia de inseguridad, que tuvo su punto de ebullición en el escándalo de la implicación de altos mandos de la Procuraduría de Justicia local con una banda de secuestradores, terminó por forzar la caída prematura del gobernador, quién se vio obligado a pedir licencia al cargo en mayo de 1998.

Las condiciones políticas y sociales prevalecientes en aquella entidad obligaron a que el congreso del estado designara a un gobernador sustituto para cubrir el periodo constitucional restante al defenestrado Carrillo Olea, para lo cual, se generó un consenso en torno a la figura del entonces secretario general de gobierno, el economista Jorge Morales Barud.

En esta misma coyuntura, la legislatura morelense dio continuidad a una iniciativa encaminada precisamente a "empatar" las elecciones presidenciales con las de gobernador a partir del año 2000, con una sola salvedad: el periodo constitucional cubierto por el gobernador sustituto Morales Barud concluía en mayo de 2000, y la fecha de inicio del nuevo mandato sexenal se había decretado para el 1 de octubre de ese mismo año.

Por ese motivo, y ante la imposibilidad legal de prorrogar el periodo de suplencia, la legislatura morelense designó a un tercer gobernador, en este caso, bajo la figura de "gobernador interino", responsabilidad que recayó en la persona del reconocido jurista Jorge Arturo García Rubí, quien a la postre, se desempeñaba como secretario general de gobierno durante el denominado mandato "de reconciliación" encabezado por Morales Barud.

De esta manera, el estado de Morelos registra en los anales de su historia la presencia de un gobernador que ocupó el cargo por tres meses y medio, ya que al gobernador García Rubí le correspondió cubrir el periodo del 18 de mayo al 30 de septiembre del año 2000.

Este complicado escenario propició, entre muchas otras cosas, la rotunda caída del PRI de la gubernatura morelense. En 2000 asumió el poder el panista Sergio Estrada Cajigal, quien a su vez pasó la estafeta a su compañero de partido Marco Antonio Adame Castillo en 2006. La fallida conducción de este último representó la salida del PAN de la primera magistratura en Morelos, y desde 2012, los electores de dicha entidad optaron por un mandatario emergido del PRD, en la figura del tabasqueño Graco Ramírez Garrido, actualmente en funciones.

En perspectiva, la sucesión de yerros y experimentos políticos han implicado al PRI permanecer desterrado de la gubernatura morelense por lo menos durante dos décadas.

Algunos observadores consideran que la alternancia que se ha registrado en la gubernatura de Morelos ha implicado importantes avances en materia democrática para esa entidad, pero en contraparte, la falta de continuidad en materia de políticas públicas ha representado saldos negativos en asignaturas esenciales como el desarrollo social, la generación de empleos y la seguridad pública.

¿Qué le depararía a Tamaulipas, en las condiciones políticas y sociales prevalecientes en la actualidad, contar con un gobernador de dos años, ya sea electo o interino? ¿Valdrá la pena el experimento? ¿Se ha analizado a conciencia la relación "costo-beneficio" que traería dicha medida?

Sólo pongamos en perspectiva la problemática que implicaría designar a un gabinete "de transición". Si la reiterada queja es que en un periodo de seis años se enfrentan serias limitaciones para desarrollar proyectos de "gran calado"... ¿Qué podríamos esperar los ciudadanos de una camarilla de secretarios asignados para la cobertura de un "empleo temporal"? ¿Se imagina?

Una entidad con los retos y las áreas de oportunidad que presenta Tamaulipas requiere de un Ejecutivo estatal fuerte, que goce del beneplácito y aceptación de sus gobernados para emprender las grandes acciones que el pueblo tamaulipeco reclama y merece.

Con todo respeto, pero ¿acaso está la entidad para experimentos? ¿A quién representaría, qué liderazgo podría ejercer un gobernador "de transición", ya sea en 2016, 2018 o. 202?.... ¿Quién obedecería a un "gobernador de paso"?

Señoras y señores de las esferas del poder en la entidad, tomen nota: lo que menos se merece Tamaulipas en un momento histórico como el que se vive actualmente, es convertirse en el laboratorio político del cual termine por emerger la figura de un "virrey enano".

Ocurrencias no, por favor...

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