Ginebra, (Notimex).- Expertos de Naciones Unidas (ONU) alertaron hoy que los esfuerzos de España para integrar a las mujeres a la vida pública, política y económica y para erradicar la violencia doméstica se estancaron y están en regresión.
“España ha establecido una infraestructura legal e institucional innovadora para la igualdad de género”, dijeron expertos, sin embargo, dichos esfuerzos se ven amenazados por las políticas adoptadas tras la crisis económica.
Antes de la crisis económica, este proceso había comenzado a aportar beneficios significativos para las mujeres”, dijo Frances Raday, quien dirige el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica.
Raday señaló, al final de la primera visita oficial del grupo de expertas para analizar la situación de discriminación de las mujeres en España, que “se cuestiona si este proceso está actualmente estancado o en un estado de regresión. Hay indicios de que el sistema no ha resistido las presiones y las políticas adoptadas”.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por Raday y Eleonora Zielinska, ha destacado que medidas esenciales para el empoderamiento socio-económico de las mujeres se han visto socavadas.
Las mujeres constituyen alrededor del 70 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial en España, y casi el 60 por ciento de ellas dicen que han sido incapaces de encontrar empleo a tiempo completo, refieren las expertas en un comunicado.
“En muchas comunidades autónomas, instituciones y servicios esenciales para la conciliación de la vida personal y laboral han sido reducidas, lo que restringe las oportunidades de las mujeres y obliga a algunas a regresar a los papeles tradicionales en el hogar”, afirmó Raday.
“Por el contrario, algunas comunidades autónomas han mantenido la decisión política de mantener los servicios, a pesar de las dificultades presupuestarias severas”, señaló.
A pesar de los considerables esfuerzos desplegados en la ley, la política y la administración, la prevalencia de la violencia de género por una pareja o expareja en España sigue siendo alarmante con casi 125 mil casos reportados el año pasado .
Asimismo, siguen en aumento los asesinatos trágicos de mujeres y niños por parte de hombres violentos.
El año pasado, 54 mujeres fueron asesinadas, algunas a pesar de las reiteradas peticiones de la mujer para su protección y la retirada de los derechos de visita o custodia, deploró.
“Se ha demostrado que la respuesta de los trabajadores sociales, la policía, los fiscales y los tribunales, y su sensibilización y capacitación en materia de género, no han siempre sido adecuadas”, afirmó por su parte Zielinska.
“La violencia de género está profundamente arraigada en la cultura machista y en las actitudes patriarcales, que se reproducen en los medios de comunicación e internet, y que influyen, en particular, en el comportamiento de los jóvenes”, estimó.
“Estos no han sido correctamente diagnosticados y tratados”, subrayó la experta en derechos humanos.
“En lugar de ello, el gobierno ha eliminado la asignatura de ciudadanía obligatoria, que contenía la educación en la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres”, enfatizó.
La delegación del Grupo de Trabajo indicó que los esfuerzos de España para integrar a las mujeres en la vida pública, política y económica, y el compromiso de erradicar la violencia doméstica son innegables, y elogió al gobierno por sus iniciativas legislativas y políticas para ampliar las medidas legales existentes de igualdad.
Sin embargo, lamentaron el escaso nivel de aplicación de tales medidas.
“La voluntad política no ha logrado garantizar una posición destacada para la igualdad de género en los marcos institucionales de la educación, la formación y la sensibilización todos ellos necesarios para lograr una igualdad transformadora”, dijo Raday.
Por otra parte, Raday y Zielinska acogieron con satisfacción la retirada de la reciente ley sobre derechos sexuales y reproductivos que habría limitado el acceso de las mujeres al aborto seguro y legal.
Durante su visita de diez días, el Grupo de Trabajo se reunió con funcionarios del gobierno, a nivel nacional y autónomo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como expertos y académicos.
Visitaron Madrid, Andalucía, el País Vasco y Navarra para recopilar información de primera mano sobre los temas relacionados con la discriminación contra las mujeres en diferentes contextos.
El grupo de trabajo presentará un informe completo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2015.
