Muchas expectativas se crearon en torno al anuncio reservado por el Presidente Enrique Peña Nieto para el pasado 27 de noviembre.
Algunos esperaban datos reveladores sobre las investigaciones del tristemente célebre caso Ayotzinapa.
Otros tantos le apostaban al anuncio de ajustes drásticos en el gabinete federal.
Algunos más predecían la ejecución de acciones penales en contra de figuras prominentes del ámbito público.
En fin, lo que se esperaba era un banquete para atemperar el apetito de las fieras mediáticas hambrientas de linchamientos sumarios.
Pero eso no ocurrió.
La presentación de las 10 medidas para el mejoramiento de la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho dejó a muchos analistas con la sensación de que en el cuarto de guerra de Los Pinos no se ha entendido que lo que se está enfrentando es una estrategia integral de debilitamiento político de las instituciones, operado desde distintos frentes, y que, por decirlo de alguna manera, se está mandando al jefe del Ejecutivo Federal a enfrentar al monstruo de las mil cabezas con un vistoso ramo de flores.
Haciendo un repaso general, el decálogo formulado por la administración Peña Nieto sintetiza acciones ejecutivas que requieren del concurso de los tres niveles de gobierno, en un momento político en el que las mezquindades políticas rumbo a la elección federal del año venidero deja poco margen de maniobra para alcanzar negociaciones exitosas al corto o mediano plazo.
Cierto, se requiere de fortalecer a las instituciones y dar mejores herramientas a los ciudadanos para defenderse de la impunidad y la injusticia. Sin embargo, poco se podrá lograr en ese terreno con acuerdos coyunturales.
En estos momentos, la posibilidad de lograr un acuerdo de alto nivel con las principales fuerzas políticas, para una agenda tan delicada como la de la seguridad y la justicia es relativa, pero aún más remoto sería el hecho de que un “pacto de civilidad” entre los jerarcas de la política pueda generar acciones positivas en esta materia.
El Pacto por México cumplió su cometido, en un momento en el que se requería de claridad para sacar adelante en tiempo récord una agenda legislativa apremiante.
El problema es que a la par de la agenda de prioridades estructurales, no se consideró una agenda política y social de corto plazo que fuese generando incentivos directos a distintos sectores de la población. Y por supuesto que con esto no nos referimos a la política retrógrada de querer tapar años de desigualdad con despensas, becas, zapatos o láminas de cartón, que si bien alivian las necesidades de algunos núcleos poblacionales, para muchos otros es vista como una política asistencial convenciera y oportunista, que sólo busca lucrar electoralmente con el hambre de los mexicanos.
Y que conste, en ese apartado, ninguna de las tres fuerzas política del país (PRI, PRD, PAN) tiene la calidad moral suficiente para arrojar la primera piedra…
Una reforma integral en materia de seguridad y justicia debe comenzar, obligadamente, con una cirugía mayor en tres apartados fundamentales:
1.- Los ministerios públicos: Para la mayoría de los mexicanos, el caer en las manos de una agencia investigadora, ya sea del fuero común o federal es una desgracia, así se llegue a ella en la posición de víctima de un delito. La discrecionalidad, el cobro de “gratificaciones” y las componendas entre investigadores y criminales deja al ciudadano en la peor indefensión posible. No se puede combatir el delito con la misma estructura anquilosada y corrupta.
2.- El Poder Judicial: No han sido pocos los casos en los que se han documentado conductas reprobables por parte de quienes tienen en sus manos el sagrado deber de impartir justicia. Jueces y magistrados parecen personajes alejados de la realidad social, sin el mínimo sentido de apego a la comunidad ni de remordimiento ante los desastrosos efectos sociales de sus errores. El aparato de justicia debe modernizarse y transparentarse; sus jefes y funcionarios no pueden seguir comportándose como una corte medieval en pleno siglo XXI.
3.- El sistema penal: Desde hace muchos años, el Estado Mexicano ha perdido el control de los centros carcelarios. Desde el interior de los penales se delinque y se dirigen operaciones criminales que lastiman profundamente al país. No es posible que los mexicanos sigamos pagando con nuestros impuestos un sistema penal ineficaz para readaptar a los delincuentes, y que además de ello, no garantiza el debido resguardo de quienes han cometido un delito. Vamos a suponer que el gobierno se aplica y logra echar mano de todos los “malos”…. ¿Serían las cárceles mexicanas un lugar adecuado para confinarlos? Es pregunta.
Sin el combate directo y frontal a la problemática que se vive en los tres ámbitos ya referidos, cualquier acción, acuerdo o decálogo formulado en materia de seguridad y justicia quedará en el terreno de las buenas intenciones…
Es por ello que el día de hoy, se puede afirmar que los Ministerios Públicos, El Poder Judicial y el Sistema Penal constituyen la Diabólica Trinidad que sigue impidiendo la existencia de un México justo y seguro.
¿Usted qué opina?
DE BROTEPRONTO: Con la presentación del IV Informe de Gobierno de Egidio Torre Cantú se da, de facto, el disparo de salida a la caballada política rumbo a la ruta electoral 2015, pero de paso a los escarceos preliminares a la sucesión gubernamental en 2016. Poco a poco se irá desvaneciendo la cordialidad política, y comenzarán a calentarse los enconos y los apetitos de personajes, grupos y clanes… Cuestión de tiempo.
El comportamiento de los integrantes del Club de las Cabecitas Calientes dará seguramente mucho material para posteriores entregas. Veremos y comentaremos.
Por el momento es todo. Agradezco sus comentarios y le espero en este mismo espacio el próximo miércoles.
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