En agosto pasado ENRIQUE PEÑA NIETO declaró que el pacto por México había terminado.
El presidente de la República aseguró que el acuerdo con las principales fuerzas políticas había dado de sí después de lograr las nueve reformas estructurales que sentaban la plataforma para el progreso.
No terminaba el mes cuando el video de los diputados bailarines del PAN irrumpió la escena nacional y desató el escándalo poniendo en entredicho la honorabilidad de los conservadores panistas y fomentando la sospecha del uso de recursos públicos.
El hecho culminó con la estrepitosa caída del diputado LUIS ALBERTO VILLARREAL de la coordinación de la fracción parlamentaria y un fuerte golpe a la entonces incipiente reelección del líder nacional GUSTAVO MADERO.
La filtración del video se acreditó a los enemigos políticos, se habló incluso de un complot orquestado al más alto nivel considerando la contundencia del golpe.
Mientras se festinaba el alcance de las reformas sobrevino la truculenta historia de Ayotzinapa y toda la podredumbre oficial de Iguala poniendo en evidencia la incapacidad de las instituciones del Gobierno Federal para esclarecer con prontitud los hechos.
Han transcurrido 61 días; el país está más revuelto que nunca, el procurador general de la República JESUS MURILLO KARAM está cansado y la figura del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO muy cuestionada.
Las instituciones de justicia han dado palos de ciego evidenciando su ineficiencia y la izquierda mexicana está representada por un vapuleado PRD que ha perdido toda credibilidad.
Por si faltara algo, la millonaria residencia de la primera dama ANGELICA RIVERA y la tardía explicación de su origen alentó más la indignación social.
El Partido Acción Nacional con el queretano RICARDO ANAYA a la cabeza ha mantenido una postura crítica aludiendo incluso una crisis de legitimidad en el sistema político mexicano.
Mediante un comunicado de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional refirió la propiedad de 7 millones de dólares y pidió esclarecer el tema considerando que aún persisten dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses.
En el mismo texto anunció su petición de crear desde la Cámara de Diputados una comisión especial para investigar el caso y definir porqué el presidente no incluyó los bienes de su cónyuge en la declaración patrimonial.
El tema ya es bandera panista y está sirviendo para desprestigiar al PRI Gobierno en medio de un proceso electoral que con la renovación de la cámara de diputados marcará el rumbo político de la segunda mitad del gobierno peñista y el inminente arranque de la sucesión sexenal.
La culminación del pacto con las principales fuerzas políticas del país está cobrando facturas y evidenciando el error del presidente que alcanzadas las reformas cerró la posibilidad de nuevos acuerdos con la misma oposición que hoy lo cuestiona.
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