Recién desempacado de una todavía inexplicable gira internacional, durante la cual lejos de atemperarse los ánimos terminó por estallar el escándalo por la famosa “Casa Blanca”, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó su participación en un acto público en Cuautitlán para asumir postura sobre el tono que han tomado los acontecimientos relacionados a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala Guerrero e hizo referencia, sin hacer un señalamiento concreto, a un presunto interés por generar desestabilización social a nivel nacional.
Tras defender la labor de su gobierno para emprender “una investigación exhaustiva para llegar a la verdad de los hechos”, advirtió también que al amparo del dolor de los padres de familia y de quienes están embargados por el dolor de los hechos suscitados en Iguala, “hay movimientos de violencia que se quieren hacer valer en las protestas”.
Y enfatizó: “Protestas que a veces no está claro su objetivo, pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social, y sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.
El Ejecutivo Federal no tuvo que ir muy lejos por la réplica. Las manifestaciones registradas el 20 de noviembre dieron muestra clara de que, independientemente a los argumentos legales o políticos que se pretendan enarbolar, la dinámica de la agenda mediática de este conflicto rebasó ampliamente la capacidad su equipo de operadores. Las voces radicales pretenden anularlo de facto como interlocutor, tal pareciera que independientemente al esclarecimiento de los reprobables hechos del 26 de septiembre, para los detractores del PRI y del Presidente Peña Nieto la suerte ya está echada: han sentenciado que el mandatario tiene que irse, que su permanencia en el poder es insostenible.
¿En qué punto del camino se perdió el control como para que un asunto local, suscitado en un municipio perredista y en un estado gobernado por ese partido terminara convertido en el asunto principal de la agenda política, social y mediática del país? ¿Qué hicieron los operadores del gobierno federal para contener el clima de linchamiento que se intensificó con la gira internacional del Ejecutivo?
En un momento tan delicado, valdría la pena considerar que para el Presidente Peña Nieto se presentan dos modelos paradigmáticos sobre cómo atender una crisis. Revisemos la historia:
El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto mediante el cual se permitió a México recuperar la soberanía petrolera. Erróneamente, seguimos pensando que en la ley correspondiente se expropió el petróleo, lo cual es un error, ya que el hidrocarburo ya estaba decretado como propiedad de la nación desde la promulgación de la Constitución de 1917, que establece claramente que el suelo, el subsuelo y su riqueza son propiedad de la Nación. El decreto promulgado por el Presidente Cárdenas fue el cerrojazo a una lucha de más de dos años, y a través de éste, el Estado Mexicano se adjudicó de la infraestructura operada por empresas extranjeras que explotaban el recurso natural en condiciones lesivas para el interés nacional y mediante la inhumana explotación de los trabajadores petroleros mexicanos.
El gobierno cardenista no sólo identificó la raíz del problema, sino que además puso nombre y apellido a quienes con un absoluto desprecio a nuestra soberanía, pretendieron menospreciar a México como nación independiente.
La gallardía con la que el Presidente Cárdenas enfrentó este escenario de crisis no sólo le valió la aclamación popular, sino que también el reconocimiento histórico a su figura, que lamentablemente ha sido objeto de ciertas manipulaciones tendenciosas por parte de la izquierda trasnochada, que ha pretendido erigirlo en una especie de apóstol de la lucha contra el neoliberalismo, cuando en realidad, el espíritu del proyecto nacionalista de Don Lázaro apostaba a una digna integración de México al entorno económico político y social de un mundo cambiante.
En el otro extremo de la historia, se encuentra la figura de Gustavo Díaz Ordaz, figura icónica de la peor época del PRI como Partido-Estado, un hombre que no dudó en recurrir a la violenta represión como método para garantizar la prevalencia de un sistema que no sólo consideraba viable, sino legítimo.
La feroz represión al movimiento estudiantil de 1968 que tuvo su clímax en la matanza del 2 de octubre en Tlalteloco marcó el inicio de uno de los capítulos más negros en la historia del México contemporánea: la llamada “guerra sucia”, en la que sistemáticamente fueron reprimidos movimientos populares en todo el país, a costa de la sangre y la dignidad de cientos de estudiantes, campesinos, amas de casa y ciudadanos que reclamaban democracia, libertad y vida digna. A pesar de que la ola represiva se extendió hasta la década de los 80, lo cierto es que la figura de Gustavo Díaz Ordaz siempre estará poderosamente vinculada a los momentos más funestos de nuestra historia.
En 1977, en una conferencia de prensa ofrecida a propósito de su designación –polémica por cierto- como embajador de México en España, el ya ex presidente Díaz Ordaz hizo referencia a los hechos del 68, asumiendo la responsabilidad “política e histórica” de los hechos, y refrendó lo que ya había manifestado en su penúltimo informe de gobierno: que gracias a las decisiones tomadas en ese momento habían permitido “salvar al país de alborotadores extranjeros”.
Las crónicas de aquel tiempo consignan la siguiente declaración por parte de Díaz Ordaz: “No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco –le dijo a uno de los reporteros-, ese es un incidente remoto… Va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre… Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años de mi gobierno, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza, salimos adelante, y si no hubiera sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando”.
Lo cierto es que en las contadas ocasiones en que hizo referencia pública al tema, Díaz Ordaz se abstuvo por completo de hacer referencia a la identidad, filiación o procedencia de los orquestadores, reales o supuestos, de dicho complot contra México.
Y si algo hubiese pronunciar al respecto, prefirió llevárselo consigo a la tumba, el 15 de julio de 1979.
Probablemente la pregunta más compleja que se debe hacer un líder político en un momento de crisis debe ser: ¿cómo quiere que su nombre pase a la Historia?
No está sencillo… ¿Usted qué opina?
DE BOTEPRONTO: Una moda nefasta está prevaleciendo entre grupos políticos en pugna, y esta consiste en trasladar sus enconos en contra de los medios y los periodistas. Craso error. Matando al mensajero no se restituye un ambiente político podrido. Aplica en general, para quien quiera entenderlo…
Por el momento es todo. Agradezco de antemano sus comentarios y le espero en este mismo espacio, el próximo miércoles.
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