México (Notimex).- Las comisiones de Igualdad de Género y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados emitieron opinión positiva de la minuta que expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En tanto, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias consideró que este proyecto respeta los principios constitucionales.
A su vez, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas informó sobre el impacto presupuestario de la minuta, el cual asciende a 291.3 millones de pesos.
Las opiniones de estas instancias fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, junto con la orden del día de la sesión de este jueves.
El dictamen, que expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo elaboró la Comisión de Derechos de la Niñez, con opinión de las comisiones de Igualdad de Género y de Atención a Grupos Vulnerables.
La Comisión de Igualdad de Género consideró que la minuta “representa modificaciones sustanciales que logran darle operatividad a los mecanismos de atención, prevención y garantía de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia”.
Señaló que la expedición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un cambio de paradigma orientado a reconocer a los menores como titulares de derechos y los concibe como personas autónomas, que deben recibir protección de la familia, sociedad y Estado.
“La aprobación de esta normatividad abona al cumplimiento de las recomendaciones relativas a la ratificación de diversos instrumentos internacionales, incluidos los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos del Niño”, indicó.
Resulta importante y fundamental, agregó, la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos dentro del texto de la minuta, mismos que ya han sido consagrados y reconocidos en la Constitución.
Sin embargo, calificó importante adicionar el principio de la igualdad de género dentro del Artículo 6 de la ley y establecer que los menores migrantes, debido a su situación de más vulnerabilidad, deben tener derecho a la protección y atención especial.
En tanto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, opinó que esta propuesta cubre la necesidad de consolidar un cambio de paradigma doctrina tutelar y asistencialista para con los menores, hacia una filosofía garantista.
Abundó que en la minuta se establece que es deber de la familia, la comunidad, el Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Destacó que la nueva legislación enuncia los derechos de los menores de manera no limitativa, en especial los derechos a la vida, supervivencia y desarrollo, igualdad sustantiva, no discriminación, una vida libre de violencia y a la integridad personal, protección de la salud, educación y libertad de expresión.
Reveló la incorporación de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la legislación y la regulación del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
“De especial trascendencia resulta la regulación que se determina para que los medios de comunicación puedan difundir entrevistas de niños, niñas y adolescentes, con lo que se asegura la protección de sus derechos”, expuso.
En la opinión técnica sobre la minuta, el Centro de Estudios afirmó que tiene congruencia con la Constitución, y toma en cuenta los artículos 1, 3, 4, 14, 16, sin oponerse en forma alguna a los principios constitucionales.
Aseguró que la minuta toma en cuenta las Convenciones Internacionales que ha firmado y ratificado el país en materia de derechos de los niños; por lo que resulta acorde con el principio de aplicabilidad de los convenios establecido en la Constitución.
Agregó que la nueva legislación otorga derechos a las niñas y niños para que, en su caso, puedan reclamar su violación, y no a la expectativa de la asistencia pública y crea diversas instancias y sistemas de protección de menores a nivel federal, estatal y municipal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas informó que el impacto presupuestario de la minuta que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes asciende a 291.3 millones de pesos y que las modificaciones que propone a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil no tienen impacto al presupuesto.
Precisó que la creación del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social implica un impacto presupuestario de 49 millones de pesos; en tanto la instauración de la Procuraduría de Protección Federal requiere 135 millones de pesos y la de las procuradurías de Protección Estatales 65 millones de pesos.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral implica un impacto de 42.3 millones de pesos al presupuesto y la evaluación del cumplimiento de la Ley y del Programa Nacional, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no tendrá impacto alguno.
Añadió que no se dispone de información suficiente para estimar el impacto presupuestario de las acciones que se aplicarán para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los recursos que se deberán destinar a los gobiernos locales para los Sistemas Estatales y Municipales de Protección.
