Y… ¿el Gobierno Mexicano?

La entrada en vigor de la controversial ley SB 1070 el pasado 29 de julio ha originado un ambiente de discriminación y un clima de miedo entre los inmigrantes ilegales en el estado de Arizona.
 
Se estima que en esa zona de los Estados Unidos residan casi 500 mil mexicanos, muchos de ellos evaluando su única alternativa: regresar a México.
 
Viable o no viable, el regreso al país parece inminente ante el temor de esta ley calificada internacionalmente de racista que está claramente criminalizando a los trabajadores migratorios.
 
El panorama es difícil cuando en México no se ha logrado superar los estragos de la crisis internacional del 2009 y el índice de desempleo actual se mantiene en un 5.5 por ciento.
 
El regreso de estos inmigrantes vendrá a engrosar la fila de desempleados y aumentarán irremediablemente la pobreza porque ¿Cuántos de sus familiares dependían de sus envíos de dinero?
 
Desde el anuncio inicial de esta ley impulsada por la gobernadora JAN BREWER, la reacción del Gobierno Mexicano fue de franco rechazó.
 
El presidente FELIPE CALDERON puntualizó que dicha disposición parte de principios injustos, raciales y discriminatorios pero reiteró su respeto a la política interna de los Estados Unidos.
 
En relación a la SB 1070, la Iglesia católica en su semanario “Desde la fe” aseguró que México tiene que resolver sus problemas para mejorar las condiciones laborales y de educación y frenar la alta migración hacía los Estados Unidos.
 
La jerarquía católica siempre presta a ocultar lo propio pero a criticar lo ajeno tiene razón y es que la responsabilidad de origen es del Gobierno Mexicano.
 
Miles de ciudadanos buscan anualmente en aquel país lo que no encuentran en México: la satisfacción de sus mínimas necesidades de sobrevivencia.
 
La política económica no ha sido eficiente ni suficiente, el crecimiento anual es limitado, el desempleo va un descenso muy lento y lo mismo profesionistas que jornaleros no encuentran donde emplearse.
 
Esa es una realidad de todos los días.
 
Las deportaciones irán a la alza en breve fomentadas además por el despliegue militar en la frontera norteamericana y entonces aumentarán los problemas.
 
Dígase lo que se diga, el Gobierno de los Estados Unidos está en su derecho de imponer las disposiciones migratorias que le convengan así como el Gobierno Mexicano está en la obligación de generar condiciones que permitan el desarrollo de sus ciudadanos.
 
Obviamente, México no está cumpliendo.
 
maribelvillarreal@hotmail.es