Evidencia PGJ abuso de funciones entre Fiscalías y Peritos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) mediante una averiguación previa exhibe que peritos de Tránsito Local “alquilan” a particulares sus conocimientos para desmentir valoraciones de un hecho de tránsito terrestre a la que previamente tuvieron acceso.

Así también ventila que Agentes del Ministerio Público autorizan a estos servidores públicos el acceso a denuncias que se encuentran bajo su custodia o dan información concerniente a la integración de la denuncia.

De acuerdo a la averiguación previa 176/2010 el 23 de Marzo de este año sucedió un atropellamiento en el seis y siete bulevar Praxedis Balboa.

Del hecho tomo conocimiento el perito de Tránsito Local Rubén Niño Zúñiga pero asesorado y supervisado por su comandante Alfredo Arcos Hernández.

El resultado del peritaje favoreció al ciclista Jesús Cárdenas Méndez, y perjudico al microbusero Juan Antonio Beas Aguilar y/o Báez Aguilar, quien se negó a acordar el pago de los gastos hospitalarios.

La situación legal de Juan Antonio era permanecer privado de su libertad pero fue liberado aún cuando el estado grave de salud del lesionado impedía tomarle una declaración ministerial.
Por lo anterior, Cárdenas Méndez interpuso la denuncia ante el Agente Sexto del Ministerio Público, Luz Elena Casados.

Sin embargo, la fiscalía concedió la liberación de la unidad de transporte público, sin dejar alguna garantía para la reparación del daño.

A cuatro meses del accidente y con una serie de inconsistencias en la integración de la averiguación previa el dictamen fue revirado, siendo ahora Cárdenas Méndez responsable de su fractura de sacro, de pelvis y uretra que lo mantuvieron internado en el Hospital General y que hasta hoy lo mantienen imposibilitado para llevar una vida normal.

La resolución que refuta al parte emitido por Tránsito Local fue basada en el peritaje particular del comandante de Peritos, José Alfredo Arcos Hernández.

Y es que la denuncia establece que Arcos Hernández fue contratado por los abogados de Aguilar Báez para dar la opinión técnica del accidente que el mismo superviso como servidor público.

Los documentos a los que se obtuvo acceso revelaron que al ser alquilado como perito particular incluyo la unidad que había sido descartada por su subordinado, para así determinar que el ciclista invadió carril para evitarla.

Lo anterior es contradictorio a la declaración ministerial del testigo, quien revela que el microbús lo impacto en la parte posterior de la bicicleta generando su proyección al pavimento y su posterior atropellamiento.

Así también la declaración del lesionado no fue tomada en cuenta por el perito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) René Ortiz Camacho, quien sólo se baso en la valoración que realizo el perito contratado por los abogados defensores.

Como servidor público Arcos Hernández mantuvo diálogo y contacto con la titular de la fiscalía, tanto como servidor público y como perito particular, que derivo en el acceso previo a la denuncia, es decir, a información o documentación bajo custodia de la Sexta Agencia del Ministerio Público.

De acuerdo al Código Penal Vigente en el Estado de Tamaulipas el artículo 226 establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Y el articulo 227 sanciona: “Cuando por cualquier circunstancia no sea posible determinar el monto de las operaciones que constituyan las conductas señaladas… la sanción a imponer será de seis meses a tres años de prisión y multa de cuarenta a ochenta días salario, destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro de carácter público”.