En los últimos días, la atención de la opinión pública se ha visto acaparada por dos acontecimientos que se relacionan con una la misma y complicada problemática: niños en situación vulnerable.
Por un lado, se encuentra la crisis humanitaria que actualmente se vive en el sur de los Estados Unidos por la inusitada e inexplicable oleada de menores que han migrado solos en busca del sueño americano.
Las autoridades migratorias del vecino país estiman que tan sólo en el último año, más de 50 mil niños y niñas se han internado ilegalmente en territorio norteamericano. Algunos de ellos lo hacen tratando de encontrarse con sus padres, que han migrado antes que ellos, pero sorpresivamente, se han detectado miles de casos de menores que han sido lanzados a la aventura por sus propios progenitores.
El gobierno norteamericano asegura que este fenómeno se ha presentado debido a que las mafias dedicadas al tráfico de personas, principalmente en países centroamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice, han propagado información en el sentido de que los niños detenidos como inmigrantes ilegales en los Estados Unidos podrían recibir beneficios humanitarios e incluso, la posibilidad de legalizar su estancia en la tierra del Tío Sam, cosa que es totalmente falsa.
Esta situación ha provocado una incontenible oleada de migrantes infantiles, la mayoría de ellos centroamericanos, que logran cruzar la frontera. Misteriosamente, ninguna autoridad mexicana los ha detectado a su paso, y su concentración en centros de detención y albergues en comunidades de la frontera sur estadounidense ha encendido los focos amarillos al constituirse en una auténtica bomba de tiempo por las precarias condiciones en las que se les mantiene confinados.
Muy a su estilo, el intolerante gobernador de Texas Rick Perry ha anunciado que para paliar esta crisis, lejos de solicitar el apoyo de alguna institución pública o privada dedicada a las labores asistenciales, ha recurrido al uso de la fuerza, solicitando incrementar el número de efectivos armados para evitar que esta inexplicable cruzada infantil siga en aumento. Los grupos racistas y ultraconservadores de entidades como Texas y Arizona han exigido la expulsión inmediata de los “peligrosos” niños migrantes. El problema es que el costo de estas deportaciones debe correr por cuenta de las autoridades norteamericanas, y que en estricto apego a la norma internacional, sólo pueden repatriar por tierra a los menores de nacionalidad mexicana. Al resto tendrían que deportarlos por vía aérea a sus respectivos países de origen, con las complicaciones logísticas y de costo que ello implicaría.
El segundo caso es el de la irrupción de las autoridades en el albergue- casa hogar “La Gran Familia”, en el estado de Michoacán, argumentando dar cumplimiento a múltiples denuncias por casos de abuso infantil, privación de la libertad e irregularidades diversas.
Al irrumpir en el lugar, las autoridades encontraron un escenario lamentable: condiciones indescriptibles de insalubridad y hacinamiento; prácticas de explotación sexual y laboral, pero sobre todo, un entorno en el que fuera de toda norma, convivían sin mayor vigilancia y control más de 500 menores y una centena de adultos, muchos de ellos, ingresados desde la infancia, y que al madurar conformaron una especie de auto gobierno.
Han sido múltiples los reclamos de personalidades tan encumbradas como Enrique Krauze o Vicente Fox Quesada que han señalado que las autoridades actuaron de una forma dolosa y ofensiva al pretender proceder judicialmente contra Rosa del Carmen Verduzco, popularmente conocida como “Mamá Rosa”, una respetable luchadora social que promovió la apertura de dicho centro en la década de los setentas como una alternativa para rescatar a menores en situación de abandono, abuso o que vivían en la calle.
Finalmente, la PGR confirmó que se han presentado 150 denuncias por los casos de violencia y abuso perpetrados en el albergue de “La Gran Familia”, y que no se formularían cargos penales en contra de “Mamá Rosa”, ya que en virtud de su avanzada edad y deterioro físico, nunca estuvo enterada cabalmente del estado en que operaba dicho centro, es decir, es una persona inimputable.
Lo que es un hecho, es que hasta antes de la espectacular intromisión oficial –con soldados, policías y personal armado- la casa hogar de “La Gran Familia” tenía como responsable, en términos legales, a una persona que ya no estaba capacitada física y mentalmente para dicha encomienda. Ninguna autoridad lo detectó con anterioridad, a pesar de que dicho centro recibía aportaciones de fondos oficiales.
El caso de “Mamá Rosa”, así como la crisis humanitaria de los niños migrantes reflejan dos aspectos preocupantes de una misma realidad, que es alarmante y dolorosa. En pleno siglo XXI, ni la sociedad y mucho menos el gobierno mexicano están plenamente capacitados para atender a la niñez en condiciones de vulnerabilidad. Tanto para los ciudadanos, como para las autoridades, siempre ha sido más fácil esperar a que aparezca por ahí alguna persona bondadosa, como seguramente lo es Rosa del Carmen Verduzco, y se haga cargo de atender este problema.
Como una herencia indeseable, la gran institución asistencial del país, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), opera bajo un modelo anquilosado y cuasi monárquico. Por decreto, las esposas del Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes (o gobernadores y alcaldesas, cuando es el caso), fungen como titulares de estos sistemas, y por automático se les otorga la figura de “Primera trabajadora social” del país, estado o municipio. Son, pues, la cara bonita y amable de la administración.
No podemos negar que ha habido casos en que las primeras damas han hecho una labor ejemplar en esta tarea, pero, siendo honestos, ¿qué ocurre cuando una de estas respetables señoras no cuenta con la preparación, el tiempo o el mínimo interés por dedicarse a las tareas de asistencia?
Si bien existe una estructura burocrática y administrativa que apoya y saca adelante la tarea del Sistema DIF en cada entidad y a nivel federal, lo cierto es que el estilo personal del gobernante, y en este caso, de su consorte, siempre marca el tono en el que se desempeña esta importante labor. Para bien o para mal.
La política social, pero sobre todo, la que está relacionada a los sectores más vulnerables de la población, no puede seguir operando bajo un esquema de improvisaciones, ni para fomentar el culto a la imagen de la familia de nuestros gobernantes como si se tratara de una copia barata de añejas monarquías que deben quedar en el pasado.
Mientras ciudadanos y gobernantes no tomemos en serio estas asignaturas, seguiremos reciclando de manera incesante dramáticas historias como las de los niños migrantes, las de los millones de pequeños que trabajan y viven en las calles, y las de esos menores que por desapego e indiferencia preferimos ver confinados en centros como el de “La Gran Familia” en Michoacán, antes de asumir un compromiso real con el rescate de la niñez vulnerable.
Son los niños sin futuro. Los Niños de Nadie.
Por el momento es todo. Agradezco sus comentarios, y le espero mañana en este mismo espacio.
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