José Raúl Márquez, quien tiene nombramiento de Director general editorial y de Imagen Legislativa del congreso de la Unión, con un sueldo de 123,976 pesos mensuales, tiene una licenciatura… falsa. Este martes causó baja, en una acción tardía, benevolente, pero necesaria.
Dice la cédula que es licenciado en economía, y curiosamente, el “dueño” de la cédula es un tamaulipeco o al menos, un residente de nuestra entidad: de la Universidad del Valle de Bravo, cuyo nombre es José Alfredo Molina Vázquez, y es licenciado en derecho.
Hay cosas que son muy graves en este asunto: el presunto defraudador es Director General editorial y de Imagen Legislativa del Congreso de la Unión; hay que considerar que es la imagen legislativa, o sea, la imagen de las leyes del máximo órgano legislativo del país, así que, si es éste el que maneja la imagen, hay que imaginar qué se maneja con honestidad y qué no.
El asunto de las cédulas y títulos falsos es pan de todos los días en México; Santo Domingo, una plaza y barrio por el centro de la capital del país es el paraíso para esas cosas: uno va y compra la “licenciatura, maestría” o lo que sea con un poco de billetes, y se lo hacen por la universidad o institución que uno desee.
Lo interesante es que, estando tan cerca de la Secretaría de Educación Pública, de Palacio Nacional y más, se permita que haya ese tipo de estafas que están a luz púbica o sea, nada de estar escondidos.
Los fraudes nos afectan mucho, y este tipo denigra más el prestigio de una u otra universidad o institución, al mostrar quienes no tienen preparación, la cedula o título correspondiente.
En Tamaulipas se han dado casos de gente que asume una función en la administración pública y no tiene un título legal ni de otra índole: basta a veces tener amigos o familiares al parecer.
No hay una vigilancia profunda sobre este tema, y es donde las autoridades debieran hacer algo más confiable, al menos es lo que pensamos.
Sería algo así como una revalidación en línea de los estudios que se supone tenemos y ostentamos, presentándolos para obtener un empleo.
Da coraje, tristeza o algo parecido el saber que no se hace nada, que los delincuentes que llevan a cabo estas acciones siguen incrustados en no una, sino varias nóminas.
Es precisamente la parte en donde se debe insistir: si no se tienen estudios, no se tienen y ya: no hay que presumir de algo que no somos o tenemos, y no hay que caer en la ilegalidad de decirse licenciado o algo por el estilo que no sea real.
No merece México más delincuentes y fraudulentos tipos.
Santo Domingo debiera tener una vigilancia muy estricta, pero sabemos que la autoridad de la capital del país no tiene interés en aplicar la justicia en este rubro, porque no es una acción populista: dejar pasar, dejar hacer es la premisa fundamental para permitir este tipo de abusos y faltas a la ley.
Debería ser justo, en principio, separar del cargo a ese funcionario-delincuente de San Lázaro, llevar a cabo indagatorias y castigar a todos los involucrados, incluyendo a sus jefes, que le permitieron presumir de algo que ni idea tiene que exista.
La simulación no es buena, lo sabemos, el fraude tampoco, la suplantación de identidad debe castigarse con tal rigor que no queden ganas de volver a hacerlo.
Es lo que pensamos, pues, y eso debe aplicar para otros delitos que, al arecer son leves, pero la gravedad de sus consecuencias es muy grande. Ostentarse como una profesión y no serlo, es casi como darle una pistola cargada a alguien y darle permiso para disparar a cualquier hora.
Tiempo de aplicar leyes, ¿no cree usted?
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