Nadie le ha preguntado todavía, pero qué cree usted que respondería la señora Rebeca Ramírez, si le preguntáramos a que se refiere cuando exige justicia por la muerte de su hijo, Héctor Alejandro Méndez Ramírez, presuntamente víctima de bullying.
Quizás no con las mismas palabras, pero muy seguramente diría que para ella justicia es que “se castigue con todo el peso de la ley”, a los maestros y empleados de la Secundaria General número siete, acusados de los hechos en los que perdió la vida su hijo.
Y cuando alguien habla de “todo el peso de la ley” lo que quiere decir es que los acusados sean llevados por muchos años a prisión. “Que se pudran en la cárcel” reclama con frecuencia la sociedad.
Le insisto, nadie le ha preguntado aun a la madre de Héctor Alejandro, pero le puedo asegurar que a eso se refiere cuando exige justicia.
Lo peor de todo es que el mismo concepto de justicia tiene un amplio, muy amplio sector de la sociedad. Hasta cuando ocurre un accidente automovilístico con saldo trágico, el reclamo social es el mismo: que refundan en la cárcel al conductor responsable, sin reparar en el hecho de que aquello fue un accidente y no un hecho intencional o doloso.
Pero es algo natural. El dolor que sentimos por la muerte de un ser querido, y seguramente más cuando se trata de un hijo, nos lleva a exigir el castigo más duro para el responsable o los responsables.
El problema está en que el sistema de justicia no funciona así. Como ciudadanos, como integrantes de un conglomerado social, nos regimos por leyes, códigos, en los que se establece todo un catálogo de conductas delictivas y la sanción que cada una de ellas merece.
Es en base a esas normas jurídicas como se define la sanción penal o administrativa para quienes incurren en una infracción a la ley. Los castigos o las decisiones de que alguien vaya a la cárcel o no, se decide en base a un procedimiento jurisdiccional donde un agente del Ministerio Público acusa , un abogado defiende y un Juez resuelve.
Dicho en otras palabras, es un Juez, en base a los hechos que le pruebe el Ministerio Público y en valoración a lo que aporte la defensa, el que decidirá si alguien va o no a la cárcel.
Pero ahí está el meollo del asunto: que no ha habido ningún operador jurídico de alguna institución de justicia, que se tome el tiempo necesario para explicarle las cosas, primero a los familiares directos de la víctima, y luego a la misma sociedad en general.
Desde hace muchos días, algún funcionario debió haber salido a explicarle a todos, con lenguaje sencillo y claro, cuales son los posibles escenarios legales que podrían darse a raíz de la muerte de Héctor Alejandro.
Sobre todo porque, de las cinco personas en contra de quienes el Ministerio Público ejercitó acción penal, solamente la maestra Denisse Soiré Serna Muñiz, podría tener que purgar una sentencia en prisión, siempre y cuando sea declarada culpable con sentencia firme, ya que además de los delitos de abandono de personas y encubrimiento, comunes para sus coacusados, ella enfrenta el de homicidio preterintencional, que por sí solo alcanza de seis a 10 años de prisión.
Los otros cuatro acusados, aun y cuando fueran hallados culpables, podrían conmutar su condena por un beneficio liberacional. Nunca pisarían la prisión.
Pero si alguien no le explica a la sociedad estas expectativas, la consecuencia es de que se genera un sentimiento de impunidad que no existe. Eso ocurre precisamente en el caso de Héctor Alejandro, donde los victorenses no entienden el por qué ninguno de los cinco implicados está en el reclusorio.
Orientar a la sociedad en temas de legalidad y justicia, es de mayor relevancia en estos momentos, porque independientemente del caso de Héctor Alejandro, Tamaulipas está entrando a un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, donde la mayor parte de quienes cometan un delito enfrentarán sus procesos penales en libertad.
Ello porque la prisión preventiva dejará de ser de uso frecuente y recurrente como ocurre en el modelo de justicia actual, donde para cualquier delito se utiliza esa medida cautelar.
Por esa razón, el Gobierno tiene que sensibilizar e informar suficientemente desde ahora a la población, para evitar que los ciudadanos se sigan basando en conceptos de justicia que no son coincidentes con los que en derecho corresponde.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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