Hace algunas semanas, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al órgano de fiscalización en el estado y al Congreso de Tamaulipas hacerse cargo del seguimiento a las observaciones que realizó a las cuentas públicas 2012 de cinco municipios, entre los que se encuentran Altamira, Matamoros, Reynosa, Tula y Nuevo Laredo. Y hasta ahora el Congreso del Estado no ha vuelto a decir nada sobre el tema.
Pedro Carrillo Estrada, Alfonso Sánchez Garza, Everardo Villarreal Salinas, René Lara Cisneros y Benjamín Galván Gómez (+), son los alcaldes que tienen que solventar las observaciones y, en su caso, devolver los recursos federales que, o fueron mal aplicados o de plano no aparecen y, como en un acto de magia, nadie sabe nadie supo.
Y es que la Auditoria Superior de la Federación encontró presuntas irregularidades en el manejo de los programas federales en los municipios mencionados por un monto de alrededor de 125 millones de pesos, de los cuales 75 millones corresponden a subejercicios y 50 millones a la suma de recursos devueltos y por aclarar, derivados de desvíos y otras inconsistencias.
Altamira devolvió 2.4 millones y Matamoros deberá reintegrar otra cantidad similar de 2.4 millones de pesos, Reynosa 3.3 millones y Tula, el municipio más emproblemado y de menores recursos, tiene inconsistencias por casi diez millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
El caso de Nuevo Laredo es también delicado, ya que tiene otra cuenta pública más con salvedad y está obligado a aclarar la aplicación de 30.9 millones de pesos también del FORTAMUN, fondo que debe ser destinado al pago de deuda, pago de derechos y aprovechamientos por concepto agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.
De acuerdo a las declaraciones de los legisladores, concretamente del Presidente de la Comisión de Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, la lupa está puesta sobre Tula, porque además de los 9.8 millones de pesos no sustentados a la ASF, a la auditoría estatal le entregó apenas en febrero pasado la cuenta pública del 2012.
Y, bueno, ¿qué ha pasado al día de hoy? Es importante que el Congreso de Tamaulipas aclare este tema para evitar malos entendidos, porque lo que menos quieren los tamaulipecos son actos de corrupción y mal uso de sus impuestos. ¿No cree?
PD. 1. Dice Daniel Morales que él como servidor público municipal de Tampico, le “otorgaron” tres locales comerciales en el Mercado Manuel Ávila Camacho, y que todos los regidores estuvieron enterados de la asignación de dichos locales, aunque desconoce cómo fue que le autorizaron los tres tramos, que otros locatarios reclaman y acusan de tráfico de influencias a la administración municipal que presidió Magdalena Peraza Guerra.
Y Daniel Morales fue más allá al acusar que en los mercados Juárez, Hidalgo, y Madero hay concesionarios que tiene más de veinte locales y que estos locatarios cobran tres mil pesos por la renta de cada uno, lo que les permite obtener una bolsa de sesenta mil pesos mensuales.
Para el ex director de eventos especiales del municipio “no veo cual es el tráfico de influencias, yo desconozco como fue (que me otorgaron los locales), pero yo vine con los regidores estaban enterados de la asignación del local y la solicitud, ellos estaba enterados”. Y mire, si no hay tráfico de influencias, como dice él, si hay conflicto de intereses, porque Daniel era funcionario Público en el momento en que le dieron tres locales comerciales, pasando por alto que hay locatarios que tienen años ofertando en los mercados de Tampico y al día de hoy tienen que seguir pagando renta.
¿Qué debe seguir? Una investigación puntual sobre quien le autorizó a Daniel Morales los locales, quien se los entregó, quien los autorizó y saber si es cierto, acta en mano, que los regidores de los diferentes partidos políticos autorizaron la entrega de los locales al ex funcionario. Insisto, si no es un tema de tráfico de influencias si es un asunto de conflicto de intereses. Pero ¿si se investiga y no le fueron otorgados como él dice? ¿Qué los regrese? ¿O que los entregue a los verdaderos locatarios? ¿La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra estaba enterada o la adjudicación se hizo a sus espaldas? Los oferentes, los verdaderos comerciantes de los mercados, los de siempre, desean conocer las respuestas.
PD. 2. ¿Será cierto como se rumora que algunos regidores de Altamira, que han sido calificados como “Los Divos”, creen que tomándose fotos o selfies y subiéndolas a sus cuentas de Facebook o Twitter ya cumplieron con su obligación para con los ciudadanos y tienen con ello derecho a exigir sus generosos emolumentos? ¿Nombres…? ¡Con calma y se los doy!
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