México (Notimex).- La Contraloría General del Distrito Federal será la que defina si hubo o no daño patrimonial en la construcción de la Línea 12 del Metro, señaló Julián Olivas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Investigación sobre esa línea, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario indicó que por el momento la dependencia capitalina les ha comunicado que iniciará dos procesos.
En el encuentro, Olivas Ugalde indicó que en ningún momento se ha calificado como daño patrimonial o desvío de recursos al hecho de que hasta ahora no se haya podido justificar, conforme a la normatividad, el gasto de 489 millones 422 mil 377 pesos del Fondo Metropolitano, destinados a la construcción de la llamada Línea Dorada.
"A lo mejor el término desviación nos hace mucho ruido gramaticalmente, entonces yo por eso he tratado de hablar de imputar, se imputó indebidamente para que no quede esa sensación, pero nunca hablamos nosotros de desviación o eso de daño patrimonial", indicó.
Asimismo, reiteró que desde septiembre de 2012 venció el plazo para que el Gobierno del Distrito Federal solventara las observaciones derivadas de una auditoría que se realizó al proyecto de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro.
Detalló que de haber actuado conforme a los resultados que dejó la pasada administración federal, se le hubiera requerido al gobierno local el reintegro de siete mil millones de pesos y no de sólo 489 millones, “pero se actuó responsablemente para dialogar con las autoridades de esta ciudad y solventar este asunto”.
El funcionario recordó que en este tema, las autoridades de Finanzas y de la Contraloría se comprometieron a reintegrar los más de 489 millones de pesos, ya fuera en un sólo pago o a través de parcialidades, pero hasta el momento no sabe más.
Reiteró que aunque oficialmente no tienen ningún oficio de la Secretaría de Finanzas, ni una demanda del gobierno de la ciudad o de cualquiera de las secretarías que han participado en el caso, “siempre hemos estado abiertos al diálogo".
Además, el encargado del despacho informó a los diputados locales que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre del año pasado la Secretaría de la Función Pública obtuvo mil 181 millones de pesos en devoluciones por parte de los estados, incluido el Distrito Federal.
Comentó incluso, que la pasada administración capitalina devolvió 18 millones de pesos, derivados de diversas observaciones, mientras que el actual gobierno local ha reintegrado 60 mil pesos por observaciones en otros rubros.
En tanto, los diputados locales del PRD, Carmen Antuna, Gabriel Antonio Godínez, Adrián Michel, Víctor Hugo Lobo y Ariadna Montiel, insistieron en que “no se trata de desvío o malversación de recursos federales” el gasto hasta ahora no justificado.
Expresaron que el gobierno local ha presentado reconocimientos de deuda y no contratos para justificar el gasto, lo cual de acuerdo al criterio de la SFP no está permitido, por lo que quizá quien deberá decidir si pueden aceptarse como comprobantes de gasto será una instancia jurisdiccional.
