Roma,(Notimex).- La Corte Europea de Derechos Humanos rechazó por segunda ocasión la petición del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi de suspender el veto que le impide competir en los comicios europeos de mayo tras su condena por fraude.
Medios locales indicaron que la corte con sede en Estrasburgo, Francia no aceptó la nueva solicitud presentada por la abogada de Berlusconi, Ana Palacio, ex ministra de Exteriores de España, en nombre de algunos parlamentarios de Forza Italia, el partido del ex premier, y de ciudadanos italianos.
Según la propia Corte, el pedido de Palacio fue examinado por un juez, luego de que una solicitud similar presentada en primera instancia fue también rechazada porque fue considerada fuera del campo de aplicación de la llamada regla 39.
Con base en esa disposición, la Corte puede imponer a un país miembro del Consejo de Europa la obligación de tomar medidas inmediatas para evitar o remediar una violación de derechos establecidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.
Portavoces del tribunal de Estrasburgo precisaron que la aplicación de la regla 39 está reservada a los casos en los que está en riesgo la vida o la incolumidad física del solicitante, lo que no es el caso del ex Cavaliere.
Berlusconi había presentado la instancia para poder competir como candidato en las elecciones europeas del 25 de mayo próximo.
El ex primer ministro se ve impedido de participar en primera persona debido a algunas penas accesorias establecidas en la sentencia definitiva por fraude fiscal que fue emitida en su contra en agosto pasado.
La víspera el Tribunal de Vigilancia de Milán estableció que Berlusconi deberá cumplir su condena realizando por unos 10 meses asistencia en un asilo para ancianos cercano a Milán, lo que no le impedirá apoyar la campaña electoral de su partido.
El ex jefe de gobierno fue condenado a cuatro años de cárcel, que le fueron rebajados a los 10 meses a cumplir realizando labores para la comunidad o bajo arresto domiciliario en virtud de su edad (77 años) y de la ley del indulto aprobada en 2006 por el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi.
