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Sección: Editoriales / Golpe a golpe

Recursos que no llegan

Por: Juan Sánchez 14/04/2014 | Actualizada a las 23:20h
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Hasta donde sé, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fism) es una importante fuente de ingresos para las localidades que registren alta marginación, pero el Gobierno Federal no ha entregado los recursos y, lo que es peor, hay la amenaza de recortarlos en perjuicio de miles de pobladores que por ley (y/o justicia social) debieran ser beneficiados.

Sobre todo cuando los municipios contemplados en el programa son altamente vulnerables ante las inclemencias del tiempo y hay muchos en donde la pobreza se acentúa ante la falta de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y en las colonias pobres; infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

Aludo estas asignaturas porque son las que contempla el Fism y las que, precisamente, más desatiende la Federación.

Salvo cuando hay elecciones.

En el caso concreto de Tamaulipas, reiteradamente se le ha negado esa participación a los municipios con alta marginación –y son los que sí aparecen en el padrón oficial de localidades candidatas a la ayuda--, por lo que es necesario insistir en que: la conculcación de ese dinero, ofende y lastima no sólo a los adultos de la tercera edad, mujeres y niños, sino también a los estudiantes y trabajadores del campo, que cansados ya están de mendigar una ayuda federal que no llega.

Sobre todo porque el Gobierno Federal aplicó un (nuevo) recorte a ese programa de apoyos para realizar obras de desarrollo social.

De ello están conscientes los presidentes municipales.

Y aun cuando se dicen estar dispuestos a delinear estrategias para enfrentar ese recorte tan importante --quizá y para mitigar los efectos con programas compensatorios que se canalizarán a dos rubros importantes: desarrollo social y desarrollo rural--, no se han puesto de acuerdo.

Y como ejemplo de la mala aplicación presupuestaria por parte de la Federación, basta recordar que el año anterior los recursos recurrentes enviados al estado para el campo fueron mayores que los girados hasta la fecha.

A ello obedece que cada día el pueblo le crea menos a la secretaria de Desarrollo Social –federal, por supuesto--, Rosario Robles Berlanga.

Embate consecuente

Hace días, aquí en este mismo espacio, le comenté que por salud del propio sistema político mexicano, el Gobierno Federal obligado está a reintegrar a los estados y municipios los miles de millones de pesos que arbitrariamente les han sido recortados durante los dos últimos años, por lo menos.

Máxime cuando esos recursos los contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación –aprobado en su oportunidad por la Cámara de Diputados--, y que para el grueso de los 2 mil 438 ayuntamientos de la República Mexicana significan un importante soporte para enfrentar la crisis económica sin necesidad de recurrir al endeudamiento, pero desde hace quince meses no llegan.

Sin embargo las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no han dado visos de querer resarcir los recortes y, por el contrario, avivan la crisis avalando incrementos a la canasta básica, aun cuando en su acometida (contra el pueblo) aticen el fuego de la hoguera.

Por si fuera poco, los incrementos a los precios de la leche y combustibles; los abusos en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la despiadada persecución que contra los empresarios realizan el Sistema Tributario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, cuando menos, animan el descontento hacia el Gobierno Federal, cuyos jerarcas torpemente siguen agrediendo a los contribuyentes como si ello resarciera el repudio en su contra.

Lo peor del caso es que hay dos rumores que empiezan a cobrar fuerza –sobre todo cuando se dice que cuando el río suena, es que agua lleva--, refiriendo la posibilidad de que el secretario de Hacienda sea sacrificado como chivo expiatorio y el Gobierno Federal disponga de los recursos de los trabajadores que tanto han ahorrado para su retiro, para otra vez destinarlos a disfrazar la creciente inflacionaria.

Esto significa que el señor de Los Pinos pudiera dejar con un palmo de narices a quienes reclaman los recursos que, a su libre arbitrio, dispuso no les fueran entregados en clara violación jurídica, sólo para refrendar que quien manda en México es él. Y nadie más.

La elucubración no es descabellada –como podría suponerse--, y menos cuando hay voces autorizadas que al Presidente le recomiendan evitar encuentros con los gobernadores, disque para así evitar mayor presión por parte de éstos y de los presidentes municipales.

De cualquier forma unos y otros –los mandatarios de las entidades federativas y los ediles--, en un justo reclamo, piden que la Federación les envíe el dinero de las participaciones a que tienen derecho.

Y hacen bien,

Marcha en Tampico

Hace tiempo no miraba una manifestación ciudadana en Tampico, como la que se registró hace días so pretexto de reclamar seguridad pública.

Y eso me llevo a reflexionar en que: la protesta es un recurso usado por quienes buscan producir un cambio social, político o económico.

Y regularmente se da a través de manifestaciones pacíficas.

Para explicar este tipo de expresión se han ofrecido los más diversos alegatos animados por librepensadores, políticos, líderes y luchadores sociales, como Thomas Jefferson, quien consideraba que “los hombres tímidos prefieren la calma del despotismo al turbulento mar de la libertad”.

Las protestas más recurrentes surgen cuando existe profundo desencanto con los actuales programas y líneas de gobierno en sus tres niveles; y generalmente provienen de organizaciones que se sienten afectadas pero son incapaces de mostrar su sentir a través de los canales regulares y legítimos. Sin embargo hay otro tipo de protesta fincada en la perversidad; y ésta tiene su origen, regularmente, en los clanes que codician el poder y no saben cómo acceder a él a través de méritos propios.

Y es lo que ocurre, precisamente, con las protestas elucubradas por nomenclaturas desgastadas que mediante la presión tratan de intimidar a los servidores públicos, animadas y financiadas por mentes truculentas.

Cerrazón de funcionarios

En un contexto social distinguido por la desigualdad, lo común es que los funcionarios públicos, por sentirse poderosos, no se sienten a dialogar con personas o grupos que son considerados débiles o marginales.

Entonces, bajo este escenario, se argumenta que no existen las condiciones para la discusión, el debate, la influencia mutua o el florecimiento de la democracia.

Pero si acaso tienen lugar algunos encuentros entre grupos o personas que defienden proyectos opuestos, es debido a la tolerancia y generosidad de las autoridades encargadas de preservar el orden, sin que ello signifique que tengan la voluntad de abdicar voluntariamente a su poder y defensa de intereses.

Las bases sólidas en las que prospera la democracia, sólo se dan a condición de que las fuerzas políticas y sociales que toman parte en la discusión se encuentren en iguales condiciones de presencia y equilibrio para el diálogo.

De ahí que la discusión en la búsqueda de consensos en una sociedad determinada entre los distintos actores políticos y sociales, acerca de la problemática, visión y proyecto que abanderan, ocurra solamente cuando se tiene voluntad y se privilegia el diálogo para dirimir sus diferencias.

Finalmente, y ya cuando se cierra toda posibilidad de negociación por los antagonismos profundos que existen entre ambas partes, se llega a la confrontación verbal y hasta física, que, eventualmente, coloca a los actores protestantes al margen del Estado de Derecho.

E-m@il

jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza
Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.
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